La Corte Suprema respalda a Biden: El gobierno puede continuar estableciendo prioridades migratorias de deportación

La Corte Suprema respaldó el viernes las pautas de aplicación de la ley de inmigración de la administración de Joe Biden con una votación de 8 a 1, al permitir que la administración establezca prioridades para los arrestos y deportaciones de inmigrantes.

La decisión del la Corte Suprema en el caso United States vs Texas, es una gran victoria para la administración de Biden, que ha luchado por equilibrar el control de la frontera sur con el trato humano a los inmigrantes, porque el tribunal reconoció el papel de liderazgo que debe desempeñar el poder ejecutivo para resolverlo, al desestimar una demanda de los fiscales republicanos de Texas y Louisiana contra Joe Biden por su política migratoria que permite priorizar a qué no ciudadanos deportar, en función de si representan una amenaza a la seguridad pública.

Los jueces de la Corte Suprema desestimaron la demanda que pedía detener la implementación de la guía de prioridades de la Administración de Biden, que pide a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) enfocar sus esfuerzos de detención en inmigrantes que suponen un peligro para la seguridad del país.

Según el máximo tribunal de EE.UU., los estados no tienen legitimación para demandar. Esta decisión podría servir como precedente para sentar las bases de cuándo un estado puede impugnar una política federal.

Texas y Louisiana habían demandado estas políticas de deportación de Biden, emitidas en febrero de 2021, que instruyen a la agencia del gobierno encargada de aplicar las leyes migratorias a dar prioridad a la hora de arrestar y deportar a los inmigrantes que sean considerados como una amenaza para la seguridad nacional, quienes hayan cruzado recientemente la frontera de manera irregular o los que hayan cometido ciertos crímenes graves.

Los estados demandantes aseguraban que la directriz es ilegal ya que, por ley, el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene el deber de detener a todos los migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes o tengan órdenes finales de deportación.

Según el fallo dado a conocer hoy, redactado por el juez conservador Brett Kavanaugh, los impugnadores no tienen capacidad legal para demandar por el plan y esta fue una demanda “extraordinariamente inusual” porque buscaba “ordenar al poder ejecutivo que modifique sus políticas de arresto para realizar más arrestos”.

Los tribunales federales, añadió, “normalmente no escuchan tales casos” pues hay “otros foros que permanecen abiertos” para que los estados expresen sus preocupaciones.

Después de que Biden promulgara esta regulación, que impone normas diferentes a las dictadas por su antecesor Donald Trump (2017-2021), Texas y Louisiana impugnaron de inmediato la política migratoria del gobierno de Biden en los tribunales.

Para hacerlo, Texas y Louisiana argumentaron que la normativa federal de inmigración requiere que ciertos inmigrantes ilegales, incluidos los condenados por delitos graves, tráfico de personas y algunos delitos con armas, deben continuar detenidos por ICE después de ser liberados de la cárcel.

Hacerlo requeriría entre 60,000 y 80,000 arrestos más, argumentó Texas junto a otros estados en sus documentos judiciales. ICE tiene 34,000 camas de detención y más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en su carga de casos, incluidas 327,000 personas con antecedentes penales.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, elogió el fallo de la Corte Suprema y dijo que la agencia restablecería las pautas del gobierno.

La política de Biden requiere una evaluación individual de si un inmigrante es una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional para determinar si debe ser detenido mientras el gobierno inicia su proceso de deportación.

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