Organizaciones de derechos civiles anuncian la primera demanda contra la ley antiinmigrante de Florida

Varias importantes organizaciones de defensa de los derechos civiles anunciaron el sábado que presentarán una demanda federal contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la ley SB 1718, que entró en vigor este 1 de julio y es considerada “la ley migratoria más dura” de Estados Unidos.

El Southern Poverty Law Center (SPLC), la American Civil Liberties Union (ACLU), el grupo Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council informaron en un comunicado conjunto que la ley es “discriminatoria contra los inmigrantes” y “representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.

La demanda se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se enfoca en la justicia para los trabajadores agrícolas, alegando que la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes.

La demanda se centrará específicamente en las disposiciones perjudiciales descritas en la Sección 10, que criminaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin autorización para permanecer en Estados Unidos.

“Este ataque a nuestras comunidades de inmigrantes no prevalecerá. Diseñada a propósito para infligir crueldad, la SB1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia”, dijo Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center.

La ley, que entró este sábado en vigor, castiga severamente la inmigración irregular y a las empresas y personas que den empleo o ayuden a los inmigrantes indocumentados.

Fue promovida por el gobernador DeSantis, que es candidato a la presidencia por el Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024 y la lucha contra la inmigración irregular es su caballo de batalla en la campaña electoral.

“El poder único y exclusivo para regular la política de inmigración es otorgado por la Constitución de los Estados Unidos al gobierno federal, no a los estados”, subrayó Chávez.

Amien Kacou, abogado de ACLU de Florida, subrayó que la SB1718 es “un ataque a la fibra de nuestro estado”, además de “un acto extremo de extralimitación del gobierno estatal destinado a incitar al miedo y criminalizar a las comunidades inmigrantes”.

Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, afirmó que “Florida tiene una orgullosa historia de dar la bienvenida a los inmigrantes, y nuestra prosperidad futura depende de que continuemos por un camino de bienvenida para todas las personas que viven en el Estado del Sol, independientemente de su lugar de nacimiento o estado migratorio”.

“A todos los inmigrantes de Florida: son bienvenidos aquí y los apoyamos”, agregó Fluharty.

Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del American Immigration Council, destacó que la ley “fomenta una atmósfera de miedo y hostilidad. Nuestra demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio. Nadie debe vivir con miedo o enfrentar discriminación basada de su estatus migratorio, su presunto estatus migratorio o el estatus migratorio de sus familiares”.

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