México en la maraña de limpiar sus tortillas del maíz transgénico
Un decreto prohibe desde este mes el cultivo, uso y venta del grano modificado para consumo humano en medio de una polémica
Se prohíbe la importación, distribución, promoción y uso del maíz genéticamente modificado (transgénico). Crédito: ALFREDO ESTRELLA | AFP / Getty Images
El Consejo Nacional de la Tortilla preguntó entre algunas de sus más de 60,000 tortillerías que forman parte de la asociación si sabían que la nueva normativa en contra del maíz transgénico exigiría a sus amasijos verificar que la harina esté libre de organismos genéticamente modificados y las respuestas fueron similares: otras preguntas.
“¿Qué es eso? ¿Aflaxotina?¿Glisolfato?”
El ejercicio de cuestionar a los tortilleros se realizó desde febrero pasado, cuando el gobierno de México anunció que se firmaría un decreto en el Diario Oficial de la Federación con el cual se prohíbe la importación, distribución, promoción y uso del maíz genéticamente modificado (transgénico) así como el herbicida glisolfato.
Con la entrada en vigor de esa Norma Oficial Mexicana —conocida como NOM 187—, que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace dos semanas, quedó también prohibido elaborar y comercializar tortillas con maíz transgénico; sin embargo, ésta deja entrever que la responsabilidad de su cumplimiento radica en las tortillerías.
Así lo interpretó el Consejo Nacional de la Tortilla, las autoridades no lo aclararon y en los últimos días el gremio puso el grito en el cielo. A través de su presidente, Homero López, pidió al gobierno “no dejar en el eslabón más débil de la cadena masa-tortilla la responsabilidad” de verificar si el maíz o la harina que compran está genéticamente modificado.
La protesta tuvo eco en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas que, en un comunicado oficial fue más directo: “Las tortillerías comunes no entienden, ni tienen los medios para verificar si el maíz que están nixtamalizando está libre de maíz transgénico”, advirtió.
“Para saberlo deberían de pagar a laboratorios especializados en la materia para que determinen si tienen o organismos genéticamente modificados”.
El GCMA detalló que esto implicaría un incremento “significativo” en el precio de la tortilla que impactaría el consumo anual per cápita de tortilla que es de 56.7 kilogramos en las ciudades y 79.5 en el medio rural, amén de que no existen suficientes laboratorios especializados en este tema.
Las tortillerías concluyeron que para poner en marcha una norma que restrinja el uso de maíz transgénico es necesario que haya una especie de “organismo oficial certificador” con personal altamente calificado y laboratorios y equipos especializados para que revise otras etapas en la cadena de siembra, almacenamiento y en las empresas transformadoras que llevan a cabo la nixtamalización, la producción de tortillas, botanas y otros subproductos.
En un comunicado la Confederación Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Consejo Nacional de Ciencia informaron en abril pasado que se fortalecerá el Laboratorio Nacional de Referencia para detectar la presencia del transgénico en el maíz que consumen los mexicanos, a través de la masa y la tortilla: hasta ahora tiene poco presupuesto, equipo técnico y humano.
Los frentes
El problema del maíz contaminado y las presiones comerciales son colosales. Un estudio elaborado por el Instituto de Ecología y la Universidad Nacional Autónoma de México determinó en fechas recientes que el 90% de las tortillas que se consumen en México contienen secuencias de maíz transgénico.
En la investigación, encabezada por Elena Álvarez-Buylla, se encontró que en las tostadas, harinas, cereales y botanas en el país, el nivel de genes procedentes de plantas modificadas es de hasta el 82%, en algunos casos.
Estos porcentajes se obtuvieron después de que los científicos tomaron muestras en supermercados y tortillerías y fueron comparadas con tortillas aparentemente más artesanales, elaboradas con maíz nativo de los campesinos. Estas últimas tuvieron una frecuencia menor de transgenes, y no presentaron glifosato, pero aún así estaban contaminadas.
El mal está hecho pero lo consideran reversible: “Ahora más que nunca se trata de apoyar la agricultura campesina, lo que daría fortaleza al campo y reduciría el impacto ambiental por la producción de alimentos”, dijo Álvarez-Buylla
El maíz mexicano lleva años contaminándose en medio de una polémica sobre su uso. Empezó en 1995, cuando el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional solicitaron permisos para realizar pruebas a escala mínima y luego en terrenos del céntrico estado de Morelos.
Cuatro años después empezaron las protestas por parte de grupos ambientalistas y el Estado emitió una moratoria. En el 2006, el presidente Felipe Calderón abrió con un decreto nuevamente la posibilidad para que las corporaciones Dow y Monsanto obtuvieran 155 permisos para sembrar “experimentalmente” el maíz transgénico.
En este contexto, 195 permisos fueron aprobados y el sembradío llegó a ocupar 3, 457 hectáreas en Tamaulipas, Baja California, Nayarit, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, según fuentes oficiales. Con la polinización, la contaminación se extendió a todo el país hasta que una demanda civil de acción colectiva impuso la prohibición para cultivo humano en 2013.
Al ser México uno de los principales importadores de maíz transgénico desde Estados Unidos (aunque principalmente para consumo animal), su socio comercial amenaza con abrir mecanismos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para dirimir las diferencias.
El conflicto continúa mientras la norma mexicana tiene el reto de lograr el objetivo de limpiar el grano por razones culturales (el país es cuna de la mayoría de las variedades) y por soberanía alimentaria a pesar de los retos medioambientales, dado que el maíz transgénico se modificó para que resistiera más las plagas sin el uso de pesticidas como el glisolfato que causa cáncer.
La economía mexicana tiende a ser casi autosuficiente en maíz blanco (harinero), pero registra un déficit de maíz amarillo, variedad usada en los sectores pecuario e industrial. La mayor parte de este grano proviene de EE. UU. y registra genes de organismos modificados.
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas ha puesto el dedo en este punto porque considera que, si realmente se quiere exterminar a los transgénicos en el maíz, debería prohibirse también en los amarillos, ¿acaso los animales no se enferman o contaminan y luego al humano?
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