Trump quiere poder revisar la evidencia en el caso de documentos clasificados en su propia instalación segura
Trump enfrenta más de 37 cargos federales relacionados con su manejo de materiales clasificados y solicitó poder revisar la evidencia del caso en su propia residencia en Mar-a-Lago
En caso de que se le comprueben los 13 delitos imputados al expresidente, podría ser condenado a más de 70 años de prisión. Crédito: MANDEL NGAN | AFP / Getty Images
Los abogados del expresidente Donald Trump le han pedido a la jueza federal que supervisa su caso de documentos clasificados en Florida que apruebe una instalación especial en su propiedad de Mar-a-Lago para que él pueda discutir evidencia clasificada con su equipo legal “según sea necesario para preparar una defensa adecuada”, según el documento legal presentado el miércoles.
En un documento de 99 páginas, la defensa de Trump respondió negándose a una petición del fiscal especial Jack Smith sobre protección información clasificada en este caso y pidió al tribunal de la ciudad de West Palm Beach que permita examinar y debatir sobre el material clasificado en “lugares aprobados que no sean las instalaciones designadas” de la corte del Distrito Sur de Florida.
En la moción, interpuesta en la corte se alegan además “costos prácticos y logísticos”, que hacen que sea prácticamente imposible que el presidente Trump haga viajes regulares a una instalación pública para discutir material de descubrimiento clasificado con un abogado.
La moción solicita que se apruebe el uso de otras ubicaciones aprobadas bajo lo que se conoce como Instalaciones de Información Compartimentada Sensible (SCIF), que incluyan espacios donde Trump “anteriormente discutió (y revisó) información clasificada durante su mandato como presidente de los Estados Unidos”, cerca de su residencia personal de Mar-a-Lago.
“Para que el presidente Trump y su equipo legal puedan discutir información clasificada de manera sustantiva con la regularidad necesaria para preparar una defensa adecuada, solicitamos respetuosamente que la Corte apruebe el restablecimiento de una instalación segura”, argumenta la moción.
De esta manera, añade, “el presidente Trump solicita respetuosamente que se modifique la orden de protección propuesta por la CIPA o Ley de Procedimientos de Información Clasificada (Classified Information Procedures Act)”.
“El presidente Trump se opone a la orden de protección propuesta en la medida en que no le permite a él y a su abogado discutir el material supuestamente clasificado relevante dentro de un instalación segura apropiada en o cerca de su residencia personal”, precisa el documento.
En cuanto a los cargos adicionales que se le imputaron a Trump el 27 de julio pasado, dos de ellos relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de vídeo de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago, la defensa defiende que “no se borraron ni destruyeron cintas de vídeo”.
De hecho, apunta, Trump presentó a la oficina del fiscal especial “lo que equivale a más de ocho años de imágenes de CCTV (circuito cerrado de televisión”).
En julio pasado, el fiscal federal Jack Smith, a cargo del caso, solicitó a la jueza Aileen Cannon, de Florida, que ordene que la información clasificada en el caso solo se pueda ver, almacenar y discutir en entornos controlados bajo la supervisión de un oficial de información clasificada designado.
Trump fue acusado de 37 delitos graves por su supuesta retención ilegal de documentos clasificados y sus supuestos esfuerzos para obstruir la investigación del gobierno y luego fue acusado de nuevo por un cargo adicional de retención deliberada de información de defensa nacional y dos cargos adicionales de obstrucción.
Nuevas acusaciones contra Trump
El expresidente está citado este jueves ante el tribunal a cargo del caso penal por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida en 2022 para la lectura de tres nuevos cargos, pero el examandatario pidió no comparecer en persona y se declaró no culpable por escrito.
La jueza Aileen Cannon aún no respondió esta petición de los abogados de Trump para renunciar a su derecho de asistir a la lectura de cargos, pero sí lo hizo y negativamente a una petición de una “coalición de medios” de comunicación.
La jueza se negó nuevamente el miércoles que los medios lleven dispositivos electrónicos al tribunal de Fort Pierce, a unas 100 millas de Miami, donde se ventila el caso.
Además de Trump están citados mañana ante la jueza Shaniek Mills Maynard, a las 10.00 a.m. Waltine Nauta y Carlos De Oliveira, dos empleados del expresidente acusados de ayudarle a ocultar los documentos clasificados.
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