Por la salud de nuestras familias, el gobernador Newsom debe firmar la ley AB 1167
Haría responsables a las empresas petroleras por la limpieza de los pozos agotados
El gobernador de California, Gavin Newsom (Getty Images) Crédito: PATRICK T. FALLON | AFP / Getty Images
Esta semana, está en juego la moción AB 1167. Este proyecto de ley, de la asambleísta Wendy Carrillo, cierra una falla en el sistema de funcionamiento de los pozos petroleros del estado y es importante para la salud de muchos miles de californianos.
Después de haber sido aprobada por la Asamblea y el Senado estatales el 13 de septiembre, es necesario que el gobernador Gavin Newsom la apruebe. Y sin embargo, ya está en su despacho por más de una semana y todavía no lo ha hecho. No sabemos si lo hará, o si sucumbirá a la presión de los intereses de la industria petrolera.
De qué se trata
Como se sabe, existen miles de pequeños pozos de petróleo, muchos de ellos en zonas densamente habitadas en el Sur de California, principalmente por familias latinas de bajos ingresos.
La vida cerca de los pozos lleva a problemas respiratorios como el asma y resultados adversos en el parto, tanto o peor que vivir al lado de un “freeway” o estar expuesto al humo de segunda mano todos los días.
La operación de estos yacimientos es temporal: al cabo de algunos años, comienza a vaciarse el pozo del petróleo que yacía en las profundidades.
Cuando eso empieza a suceder los dueños originales los van vendiendo a otras empresas, más pequeñas. En un ciclo, pasan de una mano a otra, cada vez a compañías más pequeñas y con menos recursos.
Finalmente, cuando ya no queda nada por sacar del suelo, al pozo hay que limpiarlo y cerrarlo. Es un proceso exhaustivo y caro, que cuesta por lo menos unos 70,000 dólares y de los que se tiene que encargar el dueño, es decir, la última empresa que compró el pozo.
Pero a menudo, si esta empresa no logró recuperar su inversión y si no tiene el dinero suficiente para limpiar los pozos, se declara en bancarrota.
“No son pocos”, me dijo en entrevista Linda Escalante, la directora legislativa para el Sur de California del Centro de Promoción de Políticas en NRDC o Natural Resources Defense Council (El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales), una organización internacional con miles de voluntarios en todo el país: “se trata del 32 por ciento del total de estos pozos”.
Actualmente, el dinero que inicialmente puso para ese fin la corporación que construyó los pozos no alcanza ni para cubrir el 10% de ese costo.
En consecuencia, es el estado el que se tiene que encargar de ello.
Las familias pierden dos veces
Es para evitar de una vez esta situación injusta y aventajada que es necesaria la propuesta AB 1167, que va a requerir de quienes compren los pozos hacer un depósito como un bono de fianza por el costo verdadero de la limpieza como condición de la compra. En una reciente columna en La Opinión expliqué el contenido de la moción cuando todavía no había sido aprobada en la Legislatura, así como la necesidad que tiene la comunidad de que se convierta en ley.
En la situación actual las familias pierden dos veces. La primera, cuando los pozos en funcionamiento envenenan sus pulmones y los de sus hijos. La segunda, cuando el estado debe pagar millones de dólares con dinero de nuestros impuestos y que de otra manera irían, en parte, a servicios para la población.
La lucha en Sacramento
Linda Escalante es también comisionada de la Comisión Costera de California y trabaja para NRDC desde hace 18 años. En la entrevista, la activista describió una escena durante las sesiones de debate en la Legislatura en Sacramento durante la última semana de sesiones. “Éramos solo dos ambientalistas, y había más de veinte cabilderos de la industria petrolera. Estaban en todas partes”, dijo. Se puso en evidencia el poder de las grandes corporaciones de movilizar recursos para que se apruebe legislación que les conviene.
Y se referían a las compañías que compran finalmente los derechos de los pozos antes de que se agoten totalmente, relató Escalante, como empresas “mom and pop”, es decir, negocios familiares, de bajos ingresos. Pero no es cierto.
“Nadie que es pobre compra un pozo petrolero”, explicó.
Estos cabilderos “salieron en un intento para tratar de matar la AB 1167, después de que habían logrado matar dos propuestas de ley, la 985 y la 674 de Lena González”. (*)
¿Es preocupante el retraso en la firma de la ley?
“Me preocupa esta demora por parte del gobernador para firmar la ley”, dijo Escalante, “el hecho de que no aprovechó esta semana”.
Ha hablado muy bien contra las empresas petroleras, pero puede haber una diferencia entre palabras y hechos, porque “aquí tiene una oportunidad de hacer algo que va a tener un efecto en corto tiempo. Es algo muy importante para la salud de todos los californianos, especialmente los que viven muy cerca de esos pozos que son en su mayoría latinos”.
Así es. Pero por ahora, no sabemos. Puede ser que Gavin Newsom emita su veto.
Si lo hace, sería una victoria para los contaminadores que lucran con la salud de la gente.
Una victoria que conseguirían porque pueden invertir sumas millonarias en cabildeo para frustrar leyes como esta.
Firme la ley, gobernador Newsom
La AB 1167 es una propuesta de ley simple y directa. Tiene sentido común y hace justicia para que las empresas más poderosas del mundo cumplan con sus obligaciones.
Y si bien no es la solución completa del problema, que es el cierre de todos los pozos petroleros que operan cerca de una población, es un paso adelante.
“Es una ley de alcance bastante limitado, y sin embargo se tiraron con todo para tratar de matarla”, concordó Escalante.
Porque es cierto: la comunidad se enfrenta a corporaciones poderosas, cuya principal preocupación es el lucro para sus accionistas, y que no prestan atención al daño que pueden producir.
El gobernador tiene que hacer a un lado sus presiones, y, como lo ha hecho varias veces este año, demostrar valentía en su contribución al beneficio y avance de nuestra gente.
Gavin Newsom debe firmar la ley AB 1167 ya.
(*) Se refería Escalante a la moción AB 985 del asambleísta Joaquín Arámbula, para regularizar los sistemas de crédito en la reducción de emisiones. Y a la SB 674 de la senadora estatal Lena González que hubiera fortalecido el sistema de monitoreo para medir la concentración en el ambiente de sustancias tóxicas en la línea de propiedad de las refinerías.
