Informe contradice a Trump y revela que inmigrantes representan menos del 5% del fraude a programas sociales
Según informe, el 95% de las pérdidas por fraude, estimadas en $5,500 millones de dólares, fue cometido por ciudadanos estadounidenses
Expertos aseguran que casos aislados se convirtieron en una retórica generalizada por Trump. Crédito: Evan Vucci | AP
Mientras el presidente Donald Trump intensifica su discurso contra la inmigración y ordena la retención de fondos federales para programas sociales en estados gobernados por demócratas, nuevos datos desmorona uno de los principales argumentos de su gobierno: la supuesta responsabilidad de los inmigrantes en el fraude a los beneficios públicos.
Un informe del Instituto Cato, un centro de investigación de orientación libertaria y poco sospechoso de simpatías progresistas, reveló que los inmigrantes sin ciudadanía estadounidense representan menos del 5% del fraude a programas sociales en Estados Unidos.
De acuerdo a los datos, entre 2013 y 2024, el 95% de las pérdidas por fraude, estimadas en $5,500 millones de dólares, fue cometido por ciudadanos estadounidenses, mientras que los no ciudadanos apenas concentraron el 4.6%.
El reporte, basado en datos de la Comisión de Sentencias de EE. UU., señala además que los inmigrantes defraudan un 31% menos que los ciudadanos y tienen un 8% menos de probabilidades de ser condenados por este tipo de delitos. Lejos de aumentar, las sentencias por fraude a programas sociales entre inmigrantes han caído un 57% desde 2015.
Aun así, el gobierno de Trump ha usado casos aislados, como el escándalo de fraude en programas de cuidado infantil vinculado a miembros de la comunidad somalí en Minnesota, para justificar operativos migratorios masivos, restricciones a la inmigración “del tercer mundo”, la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para somalíes y nuevas prohibiciones de viaje.
Incluso, la administración anunció que retendrá fondos clave para programas de asistencia infantil y familiar en cinco estados liderados por demócratas: California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) afirmó, sin presentar pruebas públicas, que existen “sospechas” de que beneficios fueron otorgados a personas no elegibles.
Los programas afectados, como el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y la Subvención en Bloque para Servicios Sociale, benefician directamente a niños y familias de bajos ingresos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses. Gobernadores y legisladores demócratas han acusado a la Casa Blanca de usar a los más vulnerables como arma política.
“Nuestros niños no deberían ser peones políticos”, advirtió la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien no descartó llevar al gobierno federal a los tribunales. Desde California, la oficina del gobernador Gavin Newsom fue más dura y calificó al presidente como un “mentiroso compulsivo”, defendiendo el historial del estado en la lucha contra el fraude.
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