Los gritos desesperados por el “huachicoleo” del agua en México

MÉXICO- El robo de agua llegó hasta tal punto, que muchos pobladores lo consideran “normal”. Tan natural que los ladrones pueden estacionarse en medio de las avenidas de algunos municipios, a plena luz del día, abrir tomas clandestinas rompiendo el asfalto y ¡arre!: a bombear el líquido vital que posteriormente venden como si fuera producto de un esfuerzo lícito y no consecuencia de la impunidad que permite hacer de lo prohibido un negocio.

A esta actividad, los vecinos que se dieron cuenta de que la venta de agua no era algo lícito, sino permitido, comenzaron a llamarle “huachicoleo del agua” para llamar la atención de autoridades en una comparación con otro delito que ha generado millonarias pérdidas al erario público y mucha sangre: el hurto de combustible conocido así mismo como “huachicoleo”.  

En agosto pasado, más de 1,500 familias del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, tomaron una de las principales avenidas que conecta con la capital mexicana para denunciar que una tercera parte o más de sus ingresos se les salía de sus bolsillos directo hacia los “piperos” que les cobraban alrededor de 200 dólares (en su equivalente en pesos) para llenar su cisterna que en promedio rendía para una semana a una familia promedio de cuatro personas. 

“Todos nos cooperamos, mis hijos y yo nos cooperamos, porque no puede una persona sola. Siempre estamos buscando una pipa más flexible para poder pagar, porque hay muchos costos muy elevados, la verdad”, dijo Rosa María Gutiérrez desde su casa en la Colonia Ampliación Valle de Aragón.

Rosa María, quien vive en esta colonia hace 32 años, recuerda que desde entonces hay problemas de agua, pero hace alrededor de cinco años ya no cae una sola gota de la red de tuberías. “Esto es por el robo de agua para después venderla”

Todo a pesar de que la Constitución mexicana compromete al Estado a garantizar el servicio universal justo para toda la población.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que durante 2012-2018 se contabilizaron 2,280 tomas clandestinas, pero para analistas como Cuauhtémoc Osorno, especialista anticorrupción en temas de agua, el número es apenas la punta del iceberg.

El problema, argumenta, es que once de los trece organismos que hay en el país muestran cifras diferentes, lo que pone en duda la credibilidad de la información.

Por ejemplo, en la región hidrológica “Lerma Santiago Pacífico” (ubicada principalmente en municipios de Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Nayarit), que está prácticamente en veda, el organismo de cuenca de esta zona registra 232 tomas clandestinas durante el periodo 2012-2018, mientras que la oficina central de la Conagua reporta 758.

Para la región hidrológica “Noroeste”, integrada en mayor parte por municipios sonorenses, la oficina central registra sólo 70 tomas ilegales y el organismo de cuenca 824, lo que demuestra una falla de intercambio de información entre las dependencias y, al mismo tiempo, vulnera el derecho a la información “plena y fidedigna”, que la ley establece.

“Ante este panorama, ¿se puede conocer la realidad de las tomas clandestinas de agua en México? Definitivamente no”, destacó en su investigación “El aguachicoleo en México, el desconocido robo de la nación”.

En muchos casos, los pobladores ni siquiera saben que se trata de un delito, como ocurrió mucho tiempo en Ecatepec, donde toleraron por décadas la compra-venta de agua, según han declarado en múltiples manifestaciones de protesta.

¿ESTADO OMISO?

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encaminaba como favorito del partido Movimiento Ciudadano como un polício emergente hacia la Presidencia de México cuando le estalló el problema de agua, una compleja situación por el abuso del líquido vital en tiempos de sequía que le hizo perder popularidad tanto como incrementar la presión social que lo llevó a las calles, a averiguar qué pasaba.

Así descubrió, entre otras cosas que el “huachicoleo del agua” estaba en su propia cara y aunque estaba presente desde anteriores administraciones, le tocaba a él frenar seis tomas clandestinas que se habían hecho desde el mismo número de ranchos desde los cuales  se estaba robando el agua de una de las principales presa del estado (El Cuchillo) y que equivale a lo que consumen 140,000 habitantes del municipio de García, uno de los más ricos del país.

“Uno de ellos, llegó al descaro de hacer una presa en el rancho y cosecha y vende, creo que tilapias, mientras la gente no tiene agua, este bandido consume y se roba el mismo equivalente de agua del municipio de García. Esto se acabó”, afirmó.

Así prometió aclarar si otras 70 “presas sospechosas” también se habían sumado al lucrativo asalto del acueducto de la presa El Cuchillo, ubicado entre los municipios de China y Cadereyta porque “descubrieron barreras que  fueron encontradas dentro de predios particulares y desvíaban agua de ríos o arroyos cercanos para usos agrícolas, turísticos o recreativos.

De eso hace un mes, aunque tomó posesión en 2021, ¿por qué no se investigó antes el problema?, cuestionaron los críticos locales, en un asombro similar al que han mostrado analistas de todo el país que observan falta de atención al problema, ¿negligencia o corrupción?

En julio de 2022, por ejemplo, el vocero de la fiscalía de la Ciudad de México Ulises Lara, informó de un terreno en Tlalpan donde se extraía ilegalmente agua potable mediante una toma del Sistema de Aguas en el municipio de Tlalpan. En el  lugar se aseguró una pipa y una camioneta con contenedores de agua donde se transportaba el líquido para su venta. En el sitio fue detenida una persona y dos vehículos.

Un año después, la Fiscalía capitalina informó que nadie se vinculó a proceso por ese caso ni ninguno otro desde 2018 por el hurto de agua. “Sin duda, las instituciones en los tres niveles de gobierno necesitan impulsar mayor coordinación, legalidad, transparencia y rendición de cuentas para mitigar la corrupción en el sector, y tomar mejores decisiones para lograr sostenibilidad hídrica en México”, subrayó  Osorno.

Esto debe empezar, a su juicio, por reconocerse el problema. Actualmente, la Conagua publica anuarios estadísticos sobre la situación en el país, pues la ley le exige brindar y difundir la información pertinente. “Pero los burócratas que deciden qué información poner al acceso público excluyen los datos relacionados con el robo del agua”.

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