Italia se convierte en el primer país europeo que prohíbe alimentos sintéticos

Italia prohibió los alimento sintéticos y estableció fuertes sanciones para quienes incumplan la prohibición con multas que oscilan entre 10,000 y 60,000 euros, o el 10 % del volumen de negocios en el caso de ingresos superiores a los 60,000 euros

Italia se convierte en el primer país europeo que prohíbe alimentos sintéticos

Es posible que estos alimentos contengan desigualdades nutricionales y la falta de estudios científicos sobre ellos que aumente el riesgo de obesidad y otras enfermedades. Crédito: Ahanov Michael | Shutterstock

En una decisión histórica, el Parlamento italiano aprobó este viernes una ley que prohíbe la producción y venta de alimentos sintéticos, incluyendo la carne cultivada, convirtiendo a Italia en el primer país europeo en introducir una medida tan radical.

La normativa, respaldada por el Gobierno de Giorgia Meloni, ha desatado un intenso debate en la sociedad y generado preocupaciones sobre su compatibilidad con las leyes de la Unión Europea.

La ley, que se justifica argumentando posibles desigualdades nutricionales y la falta de estudios científicos sobre los alimentos sintéticos, ha sido objeto de controversia desde su propuesta. La oposición sostiene que la prohibición absoluta carece de respaldo científico concluyente, lo que plantea dudas sobre la validez de la medida.

Algunos críticos argumentan que podría contradecir el principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea si se prohíbe la comercialización de alimentos sintéticos producidos en otros países.

Las razones de quienes se oponen

Aquellos que se oponen a la ley señalan que la medida podría tener repercusiones económicas significativas y afectar la disponibilidad de opciones alimenticias innovadoras en el mercado. Además, se han registrado enfrentamientos en las afueras del Parlamento entre partidarios de la norma, convocados por Coldiretti, la mayor asociación de ganaderos y agricultores del país, y aquellos que la rechazan.

El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, defiende la ley argumentando que busca proteger la salud pública y prevenir la posible injusticia social asociada con los alimentos sintéticos.

“Existe un riesgo de injusticia social con los alimentos sintéticos, con una sociedad en la que los ricos comen bien y los pobres, no”, afirmó Lollobrigida al aprobar el proyecto de ley en marzo pasado.

Orazio Schillaci, ministro de Sanidad, respalda la decisión como una forma de salvaguardar el patrimonio y la cultura agroalimentaria del país, basada en la dieta mediterránea. “La ley contra los alimentos sintéticos es significativa: se basa en el principio de precaución porque en la actualidad no hay estudios científicos sobre sus efectos. Garantizamos el máximo nivel de protección de la salud de los ciudadanos y la salvaguardia del patrimonio de nuestra nación”, destacó Schillaci.

Multas millonarias

La medida también contempla fuertes sanciones para quienes incumplan la prohibición, con multas que oscilan entre 10,000 y 60,000 euros, o el 10 % del volumen de negocios en el caso de ingresos superiores a los 60,000 euros.

Esta penalización ha suscitado preocupaciones adicionales sobre su impacto en la economía y el comercio, especialmente si Italia opta por restringir la importación de alimentos sintéticos producidos en otros países.

La decisión del Gobierno de Meloni de firmar cuatro decretos adicionales para proporcionar más información a los consumidores sobre alimentos “fuera de la dieta tradicional” también ha generado debate.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la obligación de los supermercados de separar las harinas fabricadas con insectos del resto de los productos, buscando ofrecer una mayor transparencia y conciencia sobre las elecciones alimenticias.

La controversia en torno a esta nueva ley refleja la creciente tensión entre la innovación en la producción de alimentos y la preservación de las tradiciones culinarias. Mientras algunos elogian la medida como una protección necesaria para la salud pública y la identidad alimentaria italiana, otros la critican por su falta de base científica sólida y su impacto potencial en el libre comercio dentro de la Unión Europea.

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