Oficiales públicos enfrentan nueva oleada de amenazas ante las elecciones de 2024

Las autoridades gubernamentales locales y estatales de Estados Unidos se están enfrentado a un aluvión de agresiones intimidantes que las ponen en peligro y que inciden no solamente en su trabajo diario y en su vida personal, según revela un nuevo informe del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

El informe reveló el preocupante aumento de la violencia política cuando el país está en el ciclo de las elecciones de 2024 y las graves amenazas que esta violencia representa para la democracia en Estados Unidos.

Estas amenazas y ataques restringen la libertad con la que los funcionarios electos interactúan con su electorado, limitan la gama de posiciones políticas que sienten que pueden tomar sin sufrir riesgos a su seguridad y les hacen sentir con menos disposición para continuar en su función pública.

También afectan en un sentido más amplio, al funcionamiento libre y justo de una democracia representativa, en todos los niveles de gobierno.

Más del 40% de los legisladores estatales dijeron haber experimentado amenazas en los últimos tres años, mientras que casi el 20% de otros funcionarios locales informaron haber experimentado amenazas en el último año y medio, y muchos expresaron renuencia a legislar sobre temas polémicos como resultado.

Estas cifras alcanzan el 89% entre legisladores estatales y el 52% entre autoridades locales cuando se incluyen formas menos graves de agresión, como insultos, acosos o acechos (stalking).

La violencia política puede poner en peligro no solo a cada persona que trabaja en cargos públicos y también puede afectar el funcionamiento de una democracia representativa, en todos los niveles de gobierno, señala el informe.

Violencia y temor

El Centro Brenan recopiló la información por medio de encuestas y entrevistas que representan a más de 1,700 autoridades provenientes de los 50 estados y abarcan una amplia gama de edades, afiliaciones políticas, ideologías, géneros, orientaciones sexuales, identidades raciales y étnicas y creencias religiosas.

Entre los hallazgos claves del informe están:

• Una mayor proporción de mujeres que de hombres y una mayor proporción de personas republicanas que demócratas informó un aumento en la gravedad de las agresiones desde que asumieron su cargo por primera vez.
• Las mujeres fueron tres a cuatro veces más propensas que los hombres a ser objeto de agresiones por cuestiones de género.
• Las autoridades de raza no blanca fueron más de tres veces más propensas que las de raza blanca a ser objeto de agresiones por cuestiones raciales.
• Una mayor proporción de autoridades electas mujeres y de raza no blanca recibió agresiones contra su familia, incluidos sus hijos.
• Las mujeres que ocupan un cargo en legislaturas estatales fueron casi cuatro veces más propensas que los hombres a ser objeto de agresión de índole sexual.

Una legisladora estatal habló con el Centro Brennan de una experiencia en la que “localizaron mi dirección o hablaban sobre mi hija o mi mamá, o decían amenazas explícitas de violación o de muerte… Mi marido ayer me mostró un hilo en Reddit en el que algunas personas —hombres— hablaban de lo que me iban a hacer. Y a las mujeres no nos queda otra opción más que compartimentarlo”.

El Centro Brennan señaló que ante el aumento de la violencia política, el gobierno y otros entes públicos deben tomar medidas con urgencia para mitigar este problema. 

El 8% de los legisladores estatales denunciaron intimidación por parte de un individuo que empuñaba un arma, según el Centro Brennan. La cifra fue del 2% para los funcionarios locales.

Qué hacer para proteger a funcionarios públicos

Entre las recomendaciones del Centro Brenan contra la violencia política se destaca que las autoridades deben condenar las agresiones y fomentar una mayor seguridad para los oficiales públicos.

El Centro Brennan hizo varias recomendaciones para abordar las amenazas, que incluyó la capacitación en seguridad para los gobiernos estatales y locales, más monitoreo a nivel estatal de las amenazas y el acoso, más protecciones de la privacidad para los funcionarios y más regulación de armas de fuego en los lugares donde los funcionarios se reúnen con el público.

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