DOJ investiga denuncias de abuso sexual en prisiones para mujeres de California
El personal penitenciario de ambas instalaciones solicitó favores sexuales a cambio de contrabando y privilegios
Los funcionarios penitenciarios nombrados en estas acusaciones varían en rango. Crédito: Nam Y. Huh | AP
El Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) anunció una investigación por denuncias de abuso sexual por parte del personal en dos prisiones para mujeres en California, operadas por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR).
Las cárceles son la Central California Women’s Facility, en la pequeña población rural de Chowchilla, y la California Institution for Women de Chino, ubicada en el condado de San Bernardino.
“Con base en una revisión exhaustiva de la información disponible públicamente y la información recopilada de las partes interesadas, el Departamento ha encontrado una justificación significativa para abrir esta investigación“, señaló el organismo en un comunicado.
La fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del DOJ, subrayó que “ninguna mujer encarcelada en una prisión debe ser sometida a abuso sexual por parte del personal penitenciario, que está obligado constitucionalmente a protegerlas”.
En los últimos dos años se han presentado cientos de demandas privadas en las que se alega “abuso sexual por parte de agentes” a presas en el Centro de Mujeres de California Central durante la última década, abusos “que van desde acusaciones de manoseo inapropiado durante registros y frotamiento genital, hasta violación forzada”.
Esta semana está previsto que comience un juicio en un tribunal estatal por acusaciones de que un exfuncionario penitenciario de este centro penitenciario participó en agresiones sexuales generalizadas.
Se trata de una demanda civil en nombre de 21 mujeres encarceladas en la Institución para Mujeres de California que incluyó “acusaciones de violación y penetración forzadas, manoseo, cópula oral, así como amenazas de violencia y castigo con conducta abusiva que van desde 2014 hasta 2020”.
Por su parte, Phillip A. Talbert, el fiscal federal para el Distrito Este de California, insistió que, “La preocupación por la seguridad física de las personas dentro de las cárceles de mujeres de California no es nueva. La cobertura de los medios, las auditorías estatales, los esfuerzos de los defensores y los litigios privados han buscado llamar la atención sobre un problema que a menudo pasa desapercibido para muchos en la comunidad. Esta investigación responde a esas preocupaciones y tendrá como objetivo garantizar que California cumpla con su deber constitucional hacia las personas encarceladas”.
Los funcionarios penitenciarios nombrados en estas acusaciones varían en rango e incluyen a las mismas personas responsables de manejar las denuncias de abuso sexual presentadas por mujeres encarceladas en estas instalaciones, revela.
En marzo pasado, un grupo de trabajo establecido por California e integrado por grupos de defensa y organizaciones comunitarias publicó un informe para la Legislatura de este estado que identificó “deficiencias culturales de larga data en el abordaje del abuso sexual del personal”, incluido un “proceso de denuncia inseguro e inaccesible y la ausencia de rendición de cuentas del personal” penitenciario.
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