Corte de Apelaciones declara ilegal la “dosificación” de solicitantes de asilo en la frontera

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito afirmó el miércoles que la política de “dosificación” bajo la cual los solicitantes de asilo eran rechazados en la frontera entre Estados Unidos y México si los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza consideraban que un cruce estaba al máximo de su capacidad, es ilegal.

El fallo dado a conocer el miércoles confirmó en gran medida una decisión de un tribunal inferior que declaró ilegales las devoluciones sistemáticas del gobierno –o “dosificación”– de personas que buscan asilo en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

En la decisión dividida, el panel también confirmó el fallo del juez de primera instancia de que los solicitantes de asilo que fueron rechazados bajo la política de medición no podían ser obligados, bajo una política posterior y desde entonces bloqueada de la administración Trump, a buscar primero asilo en el país por el que viajaron para llegar a los EE.UU. si fueron rechazados antes de que esa “Regla de Tránsito de Asilo” entrara en vigencia.

El gobierno argumentó erróneamente que un extranjero detenido en la puerta de Estados Unidos no es elegible para solicitar asilo a menos que haya cruzado la frontera, escribió la jueza de circuito estadounidense Michelle Friedland, designada por Barack Obama, para la mayoría.

En ese sentido, dijo, el gobierno malinterpretó lo que significa “llegar” a Estados Unidos, según el lenguaje legal, para solicitar asilo.

“Para una persona que viene a Estados Unidos para solicitar asilo, el destino relevante es la frontera estadounidense, donde puede hablar con un funcionario fronterizo”, escribió Friedland. “Una persona que se presenta ante un funcionario en la frontera, por lo tanto, ha llegado a su destino: ha ‘llegado'”.

Según la interpretación del gobierno, un solicitante de asilo que sabe que será rechazado en un puerto de entrada antes de que se le permita solicitar asilo puede concluir que le conviene más cruzar la frontera subrepticiamente y solicitar asilo cuando se encuentre en territorio estadounidense.

“No creemos que el Congreso hubiera creado ese incentivo”, escribió Friedland.

Desde al menos 2016, el gobierno ha impedido que las personas en la frontera accedan al proceso de asilo de Estados Unidos mediante la dosificación, así como mediante la intimidación, la coerción, el abuso físico y otras tácticas. Familias, niños y adultos vulnerables han sido devueltos y abandonados en condiciones precarias en México, donde los migrantes rutinariamente caen víctimas de la violencia y la explotación.

“Se necesitaron siete años y sumas incalculables de dinero de los contribuyentes para que el gobierno de Estados Unidos aprendiera una lección legal que debería haber sido evidente desde el principio: que el respeto por el estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos todavía importan, y que no se puede tener un proceso legal para decidir las solicitudes de asilo mientras se implementan también políticas que niegan el acceso a ese proceso”, dijo Nicole Elizabeth Ramos, directora del Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado, la organización que estableció la demanda.

La demanda que impugna las devoluciones de inmigrantes que llegan a la frontera fue presentada por primera vez en 2017 en nombre de Al Otro Lado, una organización de servicios legales sin fines de lucro que ayuda a los migrantes en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, y numerosos solicitantes de asilo individuales perjudicados por la política.

Los demandantes están representados por el Centro de Estudios de Género y Refugiados, el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Centro de Derechos Constitucionales y Democracy Forward, junto con los bufetes de abogados Mayer Brown LLP y Vinson & Elkins LLP.

En 2021, un juez de distrito declaró ilegal la política de dosificación, al considerar que la ley estadounidense exige que los agentes fronterizos inspeccionen y procesen a los solicitantes de asilo que llegan a los puertos de entrada de Estados Unidos y les permitan buscar protección en Estados Unidos.

El gobierno apeló esa decisión, y el Noveno Circuito falló a favor de Al Otro Lado y los demás demandantes, confirmando el fallo del tribunal inferior.

“El fallo de hoy confirma lo que sabemos que es verdad”, dijo Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS). “Nuestro gobierno tiene el deber legal de brindar un proceso legal justo y significativo a todas las personas que buscan seguridad en nuestra frontera, pase lo que pase'”.

“Esta decisión confirma el derecho humano a solicitar asilo. Como Al Otro Lado y muchos otros grupos en el terreno han estado argumentando durante años, es ilegal que el gobierno de los EE. UU. impida que las personas se acerquen a los puertos de entrada, las devuelva a México y les niegue una oportunidad justa de presentar su caso”, dijo Suchita Mathur, abogada litigante senior del American Immigration Council.

Al Otro Lado también señaló, sin embargo, que bajo la administración de Biden las prácticas de devolución del gobierno han evolucionado y se han ampliado y que en 2023, el gobierno dio a conocer nuevas regulaciones que hacen que la mayoría de las personas que buscan seguridad en la frontera sur sean categóricamente inelegibles para el asilo.

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