Líder de red de tráfico de armas entre EE.UU. y el Caribe es acusado y podría alcanzar 20 años de prisión
Shem Wayne Alexander era el líder de un grupo que exportaba ilegalmente armas desde Florida a Trinidad y Tobago entre 2019 y 2022
Las armas de fuego, que incluían pistolas y rifles, estaban ocultos en equipos deportivos. Crédito: Matt Rourke | AP
El fiscal de los Estados Unidos, Roger B. Handberg, anunció la acusación formal contra Shem Wayne Alexander, de 35 años, de Puerto España, en Trinidad y Tobago; y enfrenta cargos de conspiración por cometer contrabando ilegal de exportaciones y conspiración para traficar armas de fuego.
Alexander fue arrestado en Jamaica el 15 de noviembre de 2024, con una solicitud de arresto provisional de los Estados Unidos con miras a su extradición, misma que se cumplió 20 de diciembre.
Según autoridades, Alexander era el líder de un grupo que exportaba ilegalmente armas de fuego, componentes de armas de fuego y artículos relacionados desde Florida a Trinidad y Tobago entre 2019 y 2022.
Las armas de fuego, que incluían pistolas y rifles, y el equipo relacionado estaban ocultos dentro de equipos de boxeo y lucha, altavoces y otros artículos del hogar para evitar que los detectaran las autoridades policiales y aduaneras.
El grupo criminal dirigido por Alexander también participó en compras fantasma de armas de fuego en Tampa al tergiversar las identidades de los compradores y destinatarios.
Incluso, el 7 de abril de 2021, Alexander ordenó a sus asociados que enviaran un paquete que contenía varias armas de fuego desde Miami a Trinidad y Tobago. Este envío incluía pistolas como los modelos Taurus G2C de 9 mm y Ruger Security-9. Las autoridades interceptaron estos artículos en el Aeropuerto Internacional de Piarco el 22 de abril de 2021.
La investigación estuvo a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), junto con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con el apoyo de varias agencias, incluida la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago.
Si es hallado culpable, podría ser sentenciado a un máximo de 20 años en una prisión federal.
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