La Corte Suprema evaluará el derecho a la ciudadanía por nacimiento el próximo jueves

El jueves 15 de mayo la Corte Suprema abordará una de las órdenes ejecutivas más controvertidas del presidente Donald Trump: poner fin a la garantía de ciudadanía para prácticamente todos los nacidos en Estados Unidos.

La Corte Suprema estudiará la validez de tres demandas que buscan frenar los intentos de Trump de negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de padres indocumentados o con visa temporal en el país.

La corte aceptó escuchar los argumentos sobre este polémico tema luego de que el gobierno le presentara una petición de emergencia para que levantara los bloqueos nacionales a la orden ejecutiva firmada por Trump para acabar con esta disposición, recogida en la Enmienda 14 de la Constitución.

Terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento es una de las promesas de campaña del presidente, que regresó al poder en enero con una redoblada política migratoria de mano dura. Trump firmó la orden el mismo día en que asumió su segundo mandato.

El decreto fue impugnado por tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron, en fallos separados, que el presidente no puede cambiar o limitar la Constitución mediante un decreto y ordenaron un bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resuelve el caso.

La Corte Suprema no fallará este jueves sobre la legitimidad de la orden ejecutiva, sino que se enfocará “en cuestiones técnicas”, explicó Daniel Galindo, abogado del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU).

Los jueces, en una mayoría conservadora de 6 a 3, se centrarán únicamente en si los tribunales inferiores tienen la autoridad para bloquear una orden presidencial a nivel nacional.

En concreto, escucharán argumentos “sobre quién puede poner demanda, en qué condiciones pueden hacerlo, cuál es el alcance de las medidas tomadas por un juez para parar esta acción de manera efectiva para todo el país o si tienen que ser solo los demandantes” nombrados en los casos, especificó Galindo.

La opinión del Supremo podría repercutir en las decenas de demandas interpuestas contra la Administración por organizaciones en defensa de los derechos civiles y de inmigrantes, porque sentaría un precedente que podría limitar o cimentar el alcance legal de las cortes menores en cuanto a asuntos nacionales.

El gobierno ha solicitado que el alcance de las decisiones judiciales se limite solo a los demandantes, ya sean personas individuales u organizaciones.

De resultar un fallo favorable a la Administración de Trump, esta podría implementar la política de manera parcial, incluso si los litigios continúan y se suman más demandas. Esto significaría que la orden ejecutiva aplicaría para el resto de las personas no nombradas en los casos.

Analistas vaticinan que esto podría dar paso a un mecanismo de demandas colectivas que reúnan a todos los afectados por una política o decreto específico.

“Los argumentos de la Administración son parte de una estrategia para limitar el acceso a la justicia, para dificultar los intentos por parar su agenda”, afirmó Galindo. “Este será un gran momento para el país, donde se verá si se van a seguir las leyes y lo que está escrito en la Constitución”.

El decreto de Trump contradice la Enmienda 14, que otorga la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida dentro del territorio nacional.

La Enmienda 14 dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado donde residen”.

Sólo hay dos excepciones a esta disposición: los hijos nacidos de diplomáticos y los nacidos de miembros de ejércitos extranjeros que viven en territorio estadounidense, aunque esta última no aplica hoy día.

El decreto de Trump agrega una tercera excepción, en este caso para hijos de padres indocumentados o con una visa temporal.

En la actualidad, más de treinta países conceden la nacionalidad por haber nacido en sus territorios.

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