Juez en California bloquea deportaciones por Ley de Enemigos Extranjeros

Un juez de California determinó impedir que la administración del presidente Donald Trump utilice la Ley de Enemigos Extranjeros de tiempos de guerra para deportar a inmigrantes venezolanos en el área de Los Ángeles al dictaminar que el gobierno no ha prometido un debido proceso adecuado.

El fallo del juez federal de distrito John Holcomb, quien en 2019 fue nominado por Trump, es el magistrado más reciente en frenar la práctica del gobierno de deportar rápidamente a personas acusadas de pertenecer al grupo Tren de Aragua.

Las autoridades federales de inmigración recurrían a la ley que data de 1798, que permite las deportaciones durante una “invasión” o “incursión depredadora” en Estados Unidos.

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Tribunales de otros tres estados también emitieron fallos para detener las deportaciones bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque con diferentes argumentos.

La determinación del juez Holcomb se aplica a la mayoría de los inmigrantes detenidos en el Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles, el condado de Orange y varias zonas limítrofes.

Holcomb ya había emitido una orden de restricción temporal el mes pasado, después de que el venezolano Darwin Antonio Arévalo Millán presentó una demanda para solicitar su liberación.

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Arévalo afirmó haber solicitado asilo, pero fue arrestado en un control programado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Le informaron que su detención se debía en parte a sus tatuajes.

En su demanda, Arévalo dijo ser un “disidente vocal” del gobierno venezolano y se le otorgó un permiso que le autoriza trabajar y residir en Estados Unidos en espera de la revisión de su solicitud de asilo.

Según el gobierno, el venezolano no había sido detenido bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero el juez concluyó que Arévalo todavía enfrentaba una amenaza inminente de deportación en virtud de la orden de Trump que invoca dicha ley.

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El juez consideró que es probable que Arévalo pueda demostrar que el gobierno no le dio la notificación adecuada para que pueda impugnar su deportación, pero Holcomb declaró que, en una audiencia, el gobierno se negó a decirle a la Corte con cuánto tiempo de anterioridad se le notificó.

“Arévalo busca evitar ser deportado como enemigo extranjero sin tener la oportunidad de impugnar esa designación, no evitar la deportación por completo”, determinó el juez.

Sin embargo, a diferencia de otros jueces federales, Holcomb dijo que era improbable que Arévalo demostrara que el gobierno de Trump invocó ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros.

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El juez expresó que es responsabilidad del presidente, no del sistema judicial, decidir si se ha producido una invasión o incursión depredadora conforme a la ley.

Hasta el momento, la administración del presidente Trump no ha emitido ningún comentario referente al fallo del juez de California.

El fallo del juez Holcomb se suma al panorama legal complicado para la Ley de Enemigos Extranjeros aplicada por el gobierno de Trump desde marzo, cuando invocó dicha ley por primera vez contra personas acusadas de pertenecer al Tren de Aragua.

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Los críticos de Trump aseguran que el gobierno utiliza la ley para deportar a inmigrantes sin el debido proceso.

Cientos de venezolanos deportados han sido enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de que algunos de ellos no tienen antecedentes penales conocidos.

De acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump, las deportaciones son legales y necesarias para atacar la violencia generada por pandillas.

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Jueces de Nueva York, Colorado y Texas han expresado que Trump utiliza de forma indebida la Ley de Enemigos Extranjeros, ya que las acciones del grupo Tren de Aragua no constituyen una invasión o incursión extranjera en Estados Unidos.

Sin embargo, una jueza de Pennsylvania dijo que el presidente puede recurrir a la ley contra presuntos pandilleros, aunque afirmó que el gobierno no ha notificado con suficiente antelación a los deportados.

La Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump, pero declaró que el gobierno debe brindar a las personas la oportunidad de impugnar su deportación amparándose en la ley.

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