El doble golpe a los cupones de alimentos SNAP que a afecta los beneficios

Millones de familias que dependen del programa de asistencia alimentaria SNAP podrían enfrentar una disminución en sus beneficios o incluso perderlos completamente. Esto ocurre tras la entrada en vigor de nuevas reglas derivadas de la ley fiscal y de gasto promovida por el Partido Republicano, conocida como el “One Big Beautiful Bill Act”.

El cambio más significativo incluye nuevos requisitos laborales más estrictos. Anteriormente, solo los adultos entre 18 y 54 años sin dependientes debían demostrar que trabajaban o participaban en algún programa educativo o de voluntariado. Ahora, esa obligación se extiende hasta los 64 años, incluyendo a jóvenes exfoster (jóvenes que han salido del sistema de cuidado temporal del estado), personas sin hogar y veteranos que antes estaban exentos.

Estas reglas exigen al menos 20 horas semanales de trabajo, voluntariado o capacitación. Quienes no las cumplan solo podrán recibir SNAP por tres meses dentro de un periodo de tres años. Esta nueva exigencia llega justo cuando el mercado laboral se vuelve más inestable y muchos trabajadores con bajos ingresos tienen horarios impredecibles que dificultan cumplir con esos mínimos.

Por si esto no fuera suficiente, también se modificó la forma en que se calculan los beneficios. Anteriormente, los hogares podían incluir gastos de internet como parte de sus costos mensuales para aumentar su asignación de ayuda. Pero bajo la nueva ley, esos gastos ya no son deducibles. Según estimaciones, esto reducirá en promedio $10 dólares mensuales los beneficios de aproximadamente el 65% de las familias inscritas.

Aunque la reducción puede parecer mínima, para familias que ya enfrentan altos precios en los supermercados, cada dólar es crucial. El impacto se agrava aún más por el contexto actual: la pobreza entre personas mayores y comunidades afroamericanas va en aumento, y los costos de los alimentos continúan subiendo.

A todo esto se suma otra preocupación: el Departamento de Agricultura (USDA) anunció la suspensión de su informe anual sobre seguridad alimentaria en los hogares. Este reporte era clave para medir el acceso real a alimentos saludables entre las familias estadounidenses. La falta de estos datos dificultará evaluar el verdadero impacto de los recortes.

Por si fuera poco, a partir del año fiscal 2027, los estados deberán asumir el 75% del costo administrativo del programa, frente al 50% actual. Para el 2028, aquellos con altos índices de errores en los pagos también deberán aportar más recursos. Esto podría llevar a que algunos estados consideren inviable su participación en SNAP, afectando aún más el alcance del programa.

De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, cerca de 2.4 millones de personas podrían ser eliminadas del programa mensualmente debido a los nuevos requisitos. Y el análisis del Urban Institute advierte que hasta 22.3 millones de hogares podrían ver reducciones en sus beneficios o ser excluidos del programa en los próximos meses.

Mientras los defensores del cambio argumentan que las reglas fomentan la autosuficiencia, organizaciones especializadas en lucha contra el hambre advierten que estas políticas podrían agravar la inseguridad alimentaria, especialmente en los sectores más vulnerables, como los beneficiarios de origen hispano.

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