Gobierno de Trump demanda a Sheriff de Los Ángeles por retrasos en permisos de porte de armas
La demanda nace después de que su división de derechos civiles recibiera numerosas quejas sobre retrasos que calificó de "inexplicables"
El departamento dijo que revisó más de 8,000 solicitudes recibidas por el LASD, incluidas las renovaciones, encontrando retrasos. Crédito: Terry Chea | AP
El Departamento de Justicia de (DOJ) presentó este martes una demanda contra la oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) al considerar que viola la Segunda Enmienda de la Constitución por no aprobar suficientes permisos para portar armas.
La demanda, la primera que el DOJ promociona en apoyo de los propietarios de armas, alega que el LASD creó una “pauta y práctica” de obstrucción al obligar a los ciudadanos respetuosos de la ley a esperar meses e incluso años una decisión.
La querella está sustentada en una investigación realizada por las autoridades federales tras numerosas quejas de “demoras irrazonables” sobre permisos para portar armas ocultas (CCW) por parte de la agencia policial del condado, el más poblado de EE.UU.
Según acusa el DOJ, entre enero de 2024 y marzo de 2025, la oficina del sheriff recibió 3,982 nuevas solicitudes de permisos de portar armas ocultas y, hasta el 8 de mayo, sólo aprobó dos. A partir de esa fecha, dos de las solicitudes restantes fueron denegadas, 1,210 “fueron retiradas por diversos motivos” y “aproximadamente 2,768 solicitudes de una nueva licencia para llevar un arma de fuego oculta seguían pendientes”.
El DOJ alega que el LASD aprobó solo dos permisos para portar armas ocultas de más de 8,000 solicitudes en un plazo de 15 meses.
Además, el departamento programó entrevistas para aprobar las licencias hasta dos años después de recibir la solicitud completa.
“La Segunda Enmienda protege el derecho constitucional fundamental de los ciudadanos respetuosos de la ley a portar armas. Puede que al Condado de Los Ángeles no le guste ese derecho, pero la Constitución no les permite infringirlo”, dijo la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, en un comunicado.
La demanda fue presentada en el Tribunal para el Distrito Central de California y busca detener “el patrón y la práctica” deliberada de retrasar el ejercicio del derecho a portar armas, explicó el DOJ.
La querella se suma a la ofensiva legal del Gobierno del presidente Donald Trump, que ha demandado a la ciudad por sus políticas de una ciudad santuario de inmigrantes.
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