ICE deportó a padre de familia que cumplía los requisitos para una ciudadanía derivada
Las autoridades federales justificaron la detención, alegando condenas previas por agresión y posesión ilegal de armas de fuego
La reacción del personal de ICE ante quienes tratan de oponerse a los arrestos de inmigrantes está subiendo de tono. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a un hombre que, según una jueza federal, tenía un argumento “sustancial” para obtener la ciudadanía estadounidense. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunció el caso como una violación grave de derechos constitucionales y de una orden judicial federal.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la deportación se llevó a cabo antes de que la orden de suspensión emitida por el tribunal llegara formalmente a la agencia. “Para disgusto de los medios, no hubo ningún error”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, asegurando que ICE actuó conforme a la ley.
El caso involucra a Chanthila Souvannarath, de 44 años, quien nació en un campo de refugiados en Tailandia y obtuvo residencia permanente en Estados Unidos antes de cumplir un año. Los registros judiciales indican que vivió en Hawái, donde creció bajo la tutela de su padre, un ciudadano naturalizado estadounidense.
Una deportación que generó polémica legal
Los abogados de Souvannarath sostienen que él reunía los requisitos para obtener la ciudadanía derivada, que aplica a menores de edad cuyos padres adquieren la nacionalidad estadounidense. Sin embargo, fue detenido por ICE el 18 de junio en Alabama, durante un control migratorio, y posteriormente trasladado a un centro de detención en Luisiana.
Las autoridades federales justificaron su detención citando condenas previas por agresión y posesión ilegal de armas de fuego, delitos que provocaron la pérdida de su residencia permanente. El 23 de octubre, la jueza Shelly Dick emitió una orden temporal para detener su deportación, al considerar que el peticionario presentaba “alegaciones sustanciales” de ciudadanía y que su expulsión inmediata causaría un “daño irreparable”.
Sin embargo, tres días después, la esposa de Souvannarath recibió un mensaje en el que él informaba que se encontraba en Laos, país de origen de su padre. Según Associated Press, el hombre fue deportado pese a la orden judicial, dejando atrás a su esposa y cinco hijos, dos de los cuales estaban con él al momento de su detención.
La ACLU de Luisiana calificó la deportación como una “violación flagrante de una orden judicial federal”. El gobierno estadounidense respondió que el traslado se efectuó el 24 de octubre, antes de que ICE tuviera conocimiento de la decisión de la corte, y cuestionó además la jurisdicción del tribunal sobre el caso.
En un documento presentado ante los tribunales, los abogados de Souvannarath argumentaron que la petición de revisión había sido presentada el 16 de octubre, estableciendo jurisdicción previa a la deportación. “ICE no puede esconderse detrás de su propia ceguera voluntaria para evadir responsabilidad”, expresaron los representantes legales del inmigrante.
Desde el gobierno, McLaughlin defendió la actuación de la agencia y sostuvo que Souvannarath “no tenía derecho a permanecer en el país” debido a sus antecedentes penales. En contraste, Nora Ahmed, directora legal de la ACLU de Luisiana, afirmó que el caso “evidencia un fallo catastrófico del sistema migratorio y plantea dudas sobre cuántos ciudadanos han sido deportados injustamente”.
La jueza Dick señaló que la suspensión temporal no habría perjudicado significativamente al gobierno y subrayó que “la posible expulsión de un ciudadano estadounidense atenta contra el interés público”. Los próximos pasos en el caso aún son inciertos, mientras la política migratoria del presidente Donald Trump sigue generando divisiones y controversia en Estados Unidos.
