El Gobierno de Donald Trump quiere contratar empresas que rastreen inmigrantes y ayuden a ICE
Pretenden delegar funciones a contratistas privados para el rastreo privado, del que se encargan las autoridades públicas
Las nuevas estrategias pretenden aumentar la detención de inmigrantes. Crédito: BBC
El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado un plan para contratar empresas privadas que colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para “localizar personas”, verificar direcciones, confirmar ubicaciones y entregar documentos, con el objetivo de acelerar los procesos de expulsión de inmigrantes sin autorización. La información fue difundida por Noticias Telemundo el 13 de noviembre de 2025.
La iniciativa parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y busca delegar a contratistas privados funciones de rastreo tradicionalmente reservadas a las autoridades públicas. Según un informe de Yahoo Noticias, el DHS “analiza contratar empresas privadas para verificar direcciones, confirmar nueva ubicación y entregar materiales y documentos”. Esta medida marca un paso más hacia la privatización de las funciones de control migratorio.
Además, un reportaje de El País detalla que el ICE planea implementar vigilancia cibernética permanente, con uso de redes sociales, inteligencia artificial y bases de datos privadas. Expertos advierten que esto podría representar una expansión sin precedentes de las herramientas de control sobre comunidades migrantes en territorio estadounidense.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes alertan que estas medidas podrían derivar en una vigilancia masiva sin suficientes controles legales. “Casi cualquier cosa que la gente publique en redes sociales puede potencialmente ser usada en su contra”, explicó el abogado Alberto Fox-Cahn, quien denunció los riesgos de un sistema de rastreo digital sin transparencia ni supervisión adecuada.
Un sistema acelerado y privatizado
La propuesta incluye que compañías privadas asuman roles de localización de individuos, encontrando nuevas direcciones o confirmando domicilios, con el fin de agilizar las deportaciones. Según Telemundo, el propósito es “acelerar los procesos de expulsión” y reducir el tiempo entre la identificación del migrante y su repatriación. Este modelo, basado en la colaboración público-privada, representa un cambio estructural en la política migratoria.
Los informes coinciden en que la administración busca reforzar los mecanismos tecnológicos de vigilancia. De acuerdo con El País, el ICE ha firmado contratos millonarios para el uso de reconocimiento facial, escáneres de iris y rastreo de teléfonos móviles sin orden judicial. Estas herramientas permitirían ubicar migrantes con mayor precisión, aunque despiertan serias preocupaciones sobre la privacidad y el debido proceso.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que la combinación de vigilancia tecnológica, empresas privadas y procesos acelerados puede conducir a errores en la identificación y detención de personas. “El sistema puede cometer fallos graves, con consecuencias humanas profundas: detenciones indebidas, pérdida de estatus legal o deportaciones injustas”, señalaron activistas citados por El País.
En paralelo, grupos legislativos demócratas y defensores civiles han pedido mayor transparencia y supervisión externa. Argumentan que la tercerización de la vigilancia migratoria podría generar un vacío de responsabilidad y abusos difíciles de fiscalizar.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE mantienen silencio sobre los detalles del programa, mientras avanzan en los procesos de licitación. El debate gira en torno a qué empresas serán contratadas, bajo qué criterios y con qué garantías legales y éticas se implementará el nuevo sistema de rastreo.
El impacto de esta iniciativa en la opinión pública, la política migratoria federal y las comunidades inmigrantes será determinante en los próximos meses. El plan de contratar empresas para rastrear inmigrantes representa un paso polémico que podría redefinir la forma en que Estados Unidos maneja la inmigración y la seguridad nacional.
