Jueza de Tennessee dictamina que despliegue de la Guardia Nacional en Memphis es ilegal
La orden judicial queda en suspenso por 5 días antes de su aplicación, otorgando al gobierno tiempo para apelarla
La Guardia Nacional ha estado patrullando los barrios y las zonas comerciales de Memphis desde octubre. Crédito: George Walker IV | AP
Una jueza de Tennessee bloqueó el lunes por la noche el uso de la Guardia Nacional en Memphis en el marco de una operación contra el crimen ordenada por el presidente Donald Trump, pero también suspendió la aplicación de la orden, dando al gobierno cinco días para apelar.
La decisión de la canciller del condado de Davidson, Patricia Head Moskal, respaldó la demanda de los funcionarios estatales y locales demócratas que la presentaron, argumentando que el gobernador republicano Bill Lee no puede desplegar la Guardia Nacional de Tennessee para disturbios civiles a menos que haya una rebelión o invasión, e incluso entonces, esta decisión requeriría la acción de los legisladores estatales.
La decisión detiene el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis al declarar que el gobernador Lee actuó excediendo su autoridad. La jueza determinó que no existía ni una “emergencia grave”, ni un “desastre” ni una solicitud de las autoridades locales, como exige la ley.
El caso fue presentado por una coalición de líderes locales y estatales, incluyendo al alcalde del condado de Shelby, Lee Harris; el miembro del concejo municipal de Memphis, JB Smiley, Jr.; las comisionadas del condado de Shelby, Henri E. Brooks y Erika Sugarmon; los representantes estatales G.A. Hardaway y Gabby Salinas; y el senador estatal Jeff Yarbro.
La coalición está representada por Democracy Forward, National Immigration Law Center y Sherrard Roe Voigt & Harbison, PLC.
La coalición de demandantes emitió la siguiente declaración conjunta, enviada a La Opinión: “Presentamos este caso porque las y los habitantes de Tennessee merecen líderes que acaten la ley, respeten nuestra Constitución y protejan —no debiliten— nuestras instituciones democráticas. La decisión de hoy deja claro que ningún gobernador ni presidente puede desplegar fuerza militar en nuestras comunidades sin autoridad legal, rendición de cuentas pública o una verdadera emergencia. El poder militar nunca debe usarse como herramienta política”.
“Memphis merece seguridad pública, inversión comunitaria y procesos de toma de decisiones democráticos —no una militarización ilegal. Estamos agradecidos con el tribunal por haber defendido el estado de derecho, protegido a nuestras comunidades, fortalecido el liderazgo civil y reafirmado que el poder estatal debe ejercerse siempre dentro de los límites constitucionales”.
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