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Amenaza del CJNG al alcalde de Atzitzintla, Puebla, provoca renuncia de policías

Tras un enfrentamiento que dejó seis muertos, el CJNG amenazó al alcalde de Atzitzintla, Puebla, lo que provocó que renunciarán policías

Policía estatal de Puebla asume seguridad en Atzizintla.

Policía estatal de Puebla asume seguridad en Atzizintla. Crédito: Secretaría de Seguridad Pública | Cortesía

El gobierno de Puebla asumió este fin de semana el control de la seguridad en Atzitzintla, municipio ubicado en los límites con el estado de Veracruz, después de una balacera que dejó seis muertos, amenazas directas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el alcalde Eduardo Velázquez Medina y la renuncia simultánea de 20 policías municipales, informaron autoridades estatales.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Sánchez González, confirmó que el alcalde pidió apoyo urgente tras la escalada de violencia. En respuesta, el estado envió 15 agentes para vigilar la zona y activó un esquema de protección para el edil, quien habría sido amenazado por la Operativa Barredora del CJNG.

El enfrentamiento que detonó la crisis

La violencia se recrudeció el pasado 18 de noviembre, tras un choque armado entre el grupo Autodefensas Pueblos Unidos de la Región, vinculado por reportes locales a células encabezadas por “El Bukanas” y “La Marrana” y la Operativa Barredora del CJNG. La persecución inició en Paso Carretas y terminó en Mariano Escobedo, Veracruz.

Seis muertos tras enfrentamientos en Atzitzintla, Puebla

El saldo fue de seis muertos, supuestos integrantes de la autodefensa. Más tarde, la Barredora difundió un mensaje donde se atribuía el ataque y acusaba a los fallecidos de trabajar para el alcalde y cometer robos de transporte de carga.

El Ayuntamiento rechazó las versiones. “No tengo, ni he tenido, ningún vínculo con grupos delictivos”, afirmó Velázquez Medina en un comunicado, calificando los señalamientos como “falsos y de carácter político”.

Región marcada por el robo de carga

Atzitzintla se ubica junto a la Autopista Puebla–Orizaba, considerada una de las zonas más peligrosas para transportistas debido a la operación de bandas dedicadas al robo de mercancía. La franja que abarca Esperanza, Río Blanco y Las Cumbres de Maltrata es señalada como corredor de alto riesgo desde hace más de una década.

La renuncia de los 20 policías locales dejó al municipio sin capacidad operativa inmediata, obligando la intervención estatal. La crisis también coincide con otros episodios de violencia reciente: el ataque con arma punzocortante contra el alcalde de Tianguismanalco y el asesinato de tres policías en Huixcolotla, hechos que las autoridades relacionan con la expansión del CJNG en el sur de Puebla.

Abusos denunciados y tensión social

La situación se tensó aún más tras el testimonio de un joven de 17 años detenido, quien acusó a elementos de Seguridad Ciudadana de golpearlo y amenazarlo.

“Me dijeron que me iban a desaparecer a mí y a mi familia”, afirmó. Su madre anunció que presentará una denuncia formal.

Morena y PAN intercambian acusaciones

En el terreno político, la dirigencia de Morena en Puebla acusó a “redes de corrupción y vínculos del PRIAN con grupos delictivos” como responsables de la violencia en la región. El PAN, encabezado por Mario Riestra Piña, exigió reforzar la vigilancia en los límites con Veracruz y expresó respaldo al alcalde de Atzitzintla.

El cruce de señalamientos profundizó el debate sobre la seguridad en el estado, mientras ambos partidos coincidieron en que se requiere una intervención sostenida ante la frecuencia de enfrentamientos y la fragilidad institucional en varios municipios.

Un reflejo de la crisis nacional

Expertos señalan que lo ocurrido en Atzitzintla refleja un patrón que se repite en distintos puntos de México: policías municipales debilitadas, autoridades amenazadas, territorios disputados por grupos criminales y gobiernos estatales obligados a intervenir ante la incapacidad local.

Situaciones similares se han registrado en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Veracruz y Morelos, donde la falta de controles internos y la precariedad policial generan escenarios de alta vulnerabilidad.

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