Funcionarios de Trump serán interrogados tras polémica con vuelos a Venezuela con inmigrantes deportados
Los posibles involucrados estarían envueltos en un proceso judicial por desacato, de acuerdo con lo que determine el juez
EE.UU, ha deportado a inmigrantes de su país, principalmente venezolanos. Crédito: VERONICA G. CARDENAS | AFP / Getty Images
La reciente presentación ante la Corte federal volvió a situar a la administración del expresidente Donald Trump en el centro del debate sobre el cumplimiento de órdenes judiciales en procesos migratorios.
El Departamento de Justicia argumentó que sus decisiones se mantuvieron dentro del marco legal y conforme a la directiva disponible del juez James Boasberg.
El caso cobró relevancia luego de que dos aeronaves que transportaban migrantes salieran del espacio aéreo estadounidense antes de que los funcionarios interpretaran la orden como vinculante. Los abogados federales sostuvieron que ese movimiento colocó a los pasajeros fuera del alcance judicial, evitando responsabilidades directas para el Gobierno federal en este procedimiento.
El juez James Boasberg aclaró en su resolución que el Tribunal debe revisar si existen méritos suficientes para considerar posibles responsabilidades adicionales. En su texto explicó que debe evaluarse si la secretaria involucrada o cualquier otro funcionario podrían ser remitidos a un proceso por desacato penal, según determine el análisis judicial posterior.
Además, Boasberg indicó que la Corte debe decidir si la instrucción original fue “clara y razonablemente específica”, si los funcionarios violaron la orden y si esa presunta violación se realizó de manera intencional. El estándar para un desacato intencional exige demostrar una infracción consciente, lo que incrementa la complejidad procesal del caso.
Intermedio: Debate sobre el alcance preciso de la orden judicial
En su presentación, los abogados del Departamento de Justicia defendieron que las acciones gubernamentales respetaron el marco legal y que la directiva no poseía el nivel de claridad necesario para sustentar una acusación por desacato. Señalaron que cualquier interpretación distinta ampliaría injustificadamente el alcance de la instrucción más allá de su propósito original.
El documento oficial resaltó que las decisiones adoptadas fueron coherentes con una “interpretación razonable de la orden judicial”, lo que, a su juicio, descarta cualquier presunción de violación intencional. Los abogados insistieron en que no existió intención de eludir la instrucción emitida y que la secuencia de hechos respalda la postura del Gobierno.
El juez Boasberg fijó como fecha límite el 5 de diciembre para que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional presenten sus argumentos. Tras recibir los alegatos, el Tribunal podría convocar testigos y abrir una fase adicional de revisión. La decisión será clave para definir los pasos siguientes dentro del proceso federal.
Expertos legales anticipan que la administración Trump mantendrá su defensa, argumentando que actuó bajo un criterio legalmente sustentado. Señalan que la posición oficial busca demostrar consistencia entre las decisiones tomadas y las facultades permitidas. El debate se intensifica a medida que se aproxima la nueva fase judicial.
El expresidente expresó públicamente que su equipo confía en obtener un fallo favorable de la Corte Suprema. Durante una entrevista con Fox News, afirmó que la administración actuó de acuerdo con los criterios legales aplicables y espera que el máximo tribunal respalde sus decisiones, declaró Donald Trump en la transmisión.
