Departamento del Tesoro sanciona al cártel mexicano Santa Rosa de Lima y a su líder
La medida implica el congelamiento de todos los bienes e intereses financieros que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses
José Antonio Yépez Ortiz tras ser aprehendido por autoridades mexicanas. Crédito: Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) | Cortesía
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, sancionó al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, al que acusa de dirigir desde prisión una amplia red de robo y contrabando de combustible que opera principalmente en el estado mexicano de Guanajuato y que se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado.
El Departamento del Tesoro informó que el CSRL fue clasificado formalmente como una organización criminal transnacional, mientras que Yépez Ortiz fue sancionado de manera individual bajo la Orden Ejecutiva 13581.
La medida implica el congelamiento de todos los bienes e intereses financieros que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses.
“El presidente Trump prometió erradicar por completo los cárteles de la droga para proteger al pueblo estadounidense. Bajo mis órdenes, el Departamento del Tesoro está desvinculando enérgicamente a estos criminales del sistema financiero estadounidense. Sin importar dónde ni cómo los cárteles generen y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Con estas sanciones, Estados Unidos busca asfixiar financieramente a la organización y frenar un negocio que, según advierte, alimenta la violencia y la corrupción a ambos lados de la frontera.
Según las autoridades, “El Marro” mantiene el control del grupo pese a estar recluido en un penal de máxima seguridad, utilizando a familiares y abogados para transmitir órdenes operativas y consolidar alianzas criminales, entre ellas con el Cártel del Golfo, con el objetivo de enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
José Antonio Yépez Ortiz, antes de su arresto en 2020, era uno de los criminales más buscados de México debido al robo de petróleo a escala industrial de CSRL. En 2022, fue sentenciado a 60 años de prisión tras ser declarado culpable de secuestro. Aún enfrenta acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero, extracción ilegal de combustible, intento de homicidio y otros delitos.
El “huachicol”, un negocio multimillonario
El Tesoro subrayó que el robo de combustible, conocido en México como huachicol, es actualmente la fuente de ingresos ilícitos no relacionada con las drogas más lucrativa para los cárteles mexicanos. Estas actividades, advirtió, alimentan un mercado negro transfronterizo de energía que afecta directamente a empresas estadounidenses de gas y petróleo y priva al Estado mexicano de miles de millones de dólares en ingresos.
De acuerdo con Washington, el combustible robado a Petróleos Mexicanos (Pemex) es comercializado en México, Estados Unidos y Centroamérica, mientras que el petróleo crudo es contrabandeado a territorio estadounidense mediante intermediarios, en ocasiones etiquetado falsamente como “aceite usado” para evadir controles y regulaciones.
Un cártel regional que sembró violencia
El Cártel de Santa Rosa de Lima surgió en 2014 en la comunidad del mismo nombre, en el municipio de Villagrán, Guanajuato, y se consolidó bajo el liderazgo de “El Marro”.
A diferencia de otros grupos enfocados en el narcotráfico internacional, el CSRL nació como una organización regional especializada en la perforación ilegal de ductos de Pemex.
Su poder se afianzó gracias a un fuerte arraigo social, utilizando a comunidades locales para bloquear operativos policiales y dominar el corredor industrial del Bajío, una zona estratégica conocida como el “Triángulo de las Bermudas” por la concentración de ductos y una refinería.

El violento conflicto entre el CSRL y la otra organización criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato, ha convertido al estado en uno de los más mortíferos de México.
Pese a la captura de sus líderes, el grupo ha sobrevivido diversificando sus actividades hacia la extorsión, el robo al transporte de carga y el narcomenudeo.
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