La Corte Suprema interfiere en el mapa electoral de Texas

A comienzos de este mes, ocurrió algo cada vez más común: la Corte Suprema dictó otra orden en su “lista de casos de emergencia en la sombra” que menoscaba el derecho al voto.

Esta vez, la orden suspendió un dictamen de 160 páginas de un tribunal de primera instancia que había anulado el mapa congresual de Texas, un caso muy controversial de manipulación de distritos electorales que realizó Texas el verano pasado en un intento por asegurarse nuevos escaños republicanos mediante métodos de discriminación racial.

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La decisión del tribunal supremo significa que Texas va a votar en las elecciones de medio término de 2026 usando un mapa que, según el tribunal de primera instancia, se había vuelto a trazar agresivamente para quedarse con los escaños de cinco congresistas latinos y de raza negra.

Aquí presentamos las repercusiones del dictamen de la Corte Suprema y lo que vendrá.

Las elecciones de medio término de 2026 podrían dar como resultado una pérdida de representación sin precedentes para las comunidades de raza negra y latinas de Texas.

Con este nuevo mapa discriminatorio vigente para 2026, las comunidades de raza negra y latinas de Texas verán la primera pérdida de su poder electoral promulgada por la legislatura desde la aprobación de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) en 1965, aunque la magnitud de esas pérdidas podría atenuarse un poco por los resultados de las elecciones de medio término.

A lo largo de los años, el electorado no blanco de Texas no siempre ha ganado los litigios para conseguir nuevos distritos congresuales donde sus comunidades puedan elegir a sus representantes de preferencia.

La década pasada, por ejemplo, la justicia rechazó varias demandas que buscaban trazar un nuevo distrito con mayoría latina en el área de Dallas-Fort Worth. Pero nunca ha pasado en la historia del estado que un tribunal federal le permita a Texas desmantelar distritos ya existentes donde el electorado de raza negra y latino han logrado elegir a sus propios candidatos, en algunos casos, durante décadas.

Esta dilución del poder político negro y latino en uno de los estados más diversos y de mayor crecimiento del país es mucho más alarmante porque, incluso antes de esta última ronda de redistribución de distritos efectuada a mitad de década, el mapa congresual de Texas ya daba una escasísima representación a las comunidades no blancas.

Texas posee la población negra más grande del país y la población latina más grande, después de California. Y ahora más que nunca, son las comunidades no blancas las que están impulsando el astronómico crecimiento de Texas. En la década pasada, cuando Texas era el estado de mayor crecimiento de la nación, la población no blanca de Texas aportó el 95 por ciento del aumento poblacional de todo el estado. Las últimas cifras del censo sugieren que, durante esta década, esa cifra podría incluso llegar al 100 por ciento.

Sin embargo, después del censo de 2020, cuando la legislatura estatal volvió a trazar el mapa congresual de Texas, que se diversifica a un ritmo acelerado, aprobó un mapa que no agregaba ningún distrito nuevo donde el electorado no blanco tenga buenas chances de lograr una victoria electoral, a pesar de haber ganado dos asientos más en la reasignación de escaños gracias al crecimiento de su población no blanca.

El electorado no blanco presentó una demanda donde argumentó que ese mapa precisaba algunos distritos más de minorías. Pero antes de que se pudiera decidir el caso, Texas acudió a la Corte Suprema y, con su sello de aprobación, reemplazó ese mapa injusto por otro que era aún peor para el electorado no blanco.

Desafortunadamente, esto podría ser el presagio de lo que vendrá. En Florida, el gobernador Ron DeSantis (R) ya ha declarado que abrirá una sesión especial para volver a trazar el mapa congresual de su estado con el objetivo de eliminar distritos negros y/o latinos, si la Corte Suprema destroza o debilita aún más la Ley de Derecho al Voto en un caso pendiente proveniente de Luisiana. Otros estados que buscan un pretexto para volver a trazar sus mapas podrían hacer lo mismo.

La política se está volviendo cada vez más en el comodín todopoderoso para la discriminación racial.

En 2019, la Corte Suprema dictó en el caso Rucho v. Common Cause que las demandas sobre la manipulación partidista de los distritos electorales eran “cuestiones políticas” que excedían la capacidad de decisión de los jueces federales.

El dictamen del caso Rucho fue la luz verde que querían tener los estados para hacer sus maniobras partidistas y, como era de esperar, respondieron con avidez. Pero el hecho de que la Corte Suprema haya concedido la suspensión de la orden del tribunal inferior en el caso de Texas también muestra cómo las repercusiones de la causa Rucho abarcan mucho más que la manipulación partidista de los distritos.

Cuando la legislatura de Texas comenzó el proceso de volver a trazar su mapa congresual durante el verano, primero dijo que lo estaba haciendo por motivos raciales: es decir, para abordar las afirmaciones, incluidas en una carta del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de la administración Trump, de que cinco distritos con mayorías no blancas eran inconstitucionales por haber sido manipulados racialmente.

Pero, cuando se hizo evidente que la teoría del DOJ de Trump de por qué esos distritos habían sido manipulados racialmente no era muy sólida y que probablemente la justicia la cuestionara (hasta el fiscal general de Texas calificó la carta del DOJ como “errónea”, “torpe” y “descuidada”), los legisladores simplemente cambiaron de rumbo y dijeron que lo único que estaban haciendo al realizar cambios en los distritos identificados en la carta era maximizar la ventaja republicana.

Usar la política para defenderse contra cargos de discriminación racial no es ninguna novedad, y a los tribunales siempre les ha costado discernir si es una cuestión racial o política la que predomina cuando una legislatura traza los límites de sus distritos electorales. Pero en 2016, la Corte Suprema parecía haber encontrado finalmente la solución al problema en el caso Cooper v. Harris, con el magistrado Clarence Thomas como vocero de la mayoría.

En un momento de clara epifanía, la Corte decidió que, al fin y al cabo, las motivaciones de los legisladores quizá no eran lo más importante. En su lugar, la Corte explicó en el caso Cooper que “la distribución de votantes por motivos raciales sigue siendo sospechosa, aun cuando la cuestión racial se proponga como una medida sustituta de otras características (como las de índole política)”.

Dicho de otro modo, aun cuando se tengan objetivos explícitamente partidistas (y en el caso Cooper, la cuestión racial fue un aspecto especialmente útil para hacerlo pasar por partidismo), no se puede usar la cuestión racial para trazar límites.

Pero, a pesar de toda la relevancia que el caso Cooper parecería tener sobre el caso de Texas, no se mencionó ni una vez en la orden de suspensión de cinco párrafos que emitió la mayoría de la Corte. De hecho, parece como si se hubiera abandonado en silencio.

En su lugar, la orden refuerza y declara casi irrefutable la “presunción de buena fe” que gozan las legislaturas en los casos de redistribución de distritos. Para refutar esta presunción ahora fortificada, el electorado no blanco tendría que demostrar, a través de un mapa alternativo, que habría sido posible lograr los mismos objetivos partidistas del estado, pero a costa del electorado blanco, una tarea muy difícil en los estados del sur como Texas donde la cuestión racial y el partidismo coinciden profundamente.

Encima, el tribunal de primera instancia en el caso de Texas declaró que la parte demandante había presentado montañas de evidencia directa y circunstancial que respaldaba su argumento de que la legislatura había tomado decisiones basándose ilegalmente en cuestiones raciales.

Los estados ahora tienen un mapa de ruta para aprovecharse del proceso.
El dictamen a favor de Texas también ilustra el modo en que los estados, con la ayuda de la Corte Suprema, ahora pueden explotar la redistribución de distritos para aprovecharse de los plazos electorales.

Antes, cuando un grupo de votantes no blanco presentaba una demanda contra algún mapa discriminatorio, los tribunales de Texas y de todo el país solían extender los plazos de presentación y, en algunos casos, hasta los plazos de las elecciones primarias para poder dar curso al litigio sobre un mapa.

En 1996, un tribunal incluso anuló los resultados de las elecciones primarias y le ordenó a Texas que celebrara una elección primaria especial en 13 distritos para asegurarse de que se eligieran representantes con los nuevos mapas más justos, dictados por la justicia.

Pero, en los últimos años, se ha dejado de priorizar los intereses del electorado en los casos de redistribución de distritos, ya que la Corte Suprema ha empezado a aplicar cada vez más sistemáticamente la regla de no permitir cambios cuando hay elecciones demasiado cerca, que enunció por primera vez en el caso Purcell v. Gonzalez.

El principio de Purcell, tal como fue formulado originalmente por la Corte, tenía el objetivo de evitar que los tribunales inferiores ordenen grandes cambios en las leyes electorales demasiado cerca de la fecha de una elección. La razón era elogiosa: evitar la confusión del electorado y los dolores de cabeza para los administradores electorales, que no dan abasto, justo antes de una elección.

Pero, el principio de Purcell ha evolucionado desde entonces y ya no es una regla que se aplica solo a cambios extremadamente raros realizados unos días o unas semanas antes de una elección, sino que se ha vuelto una regla fija que no permite ni siquiera la alteración o ajuste más mínimo del cronograma electoral de un estado, a menudo, muchos meses antes de una elección.

A su vez, esto les ha hecho más fácil a los estados como Texas demorar las cosas estratégicamente y hacerle más difícil al electorado presentar demandas contra un mapa discriminatorio. Dado que la legislatura de Texas aprobó un mapa nuevo recién a fines de agosto, el electorado no blanco tuvo apenas dos meses y medio después de la aprobación de ese mapa para presentar demandas y tratar de anularlo, un plazo demasiado corto, debido a la complejidad de los casos de redistribución de distritos y el uso frecuente de los legisladores de sus privilegios legislativos y otras tácticas de demora para retrasar los casos.

Aun así, el electorado no blanco hizo todo su esfuerzo. Tal como lo explicó la magistrada Elena Kagan en su disenso contra la orden del caso de Texas, “la parte demandante no pudo haber actuado con más rapidez: solicitó un interdicto antes de que se ratificara la nueva ley. Y para acelerar el litigio, renunciaron a etapa de presentación de pruebas… El Tribunal de Distrito también trabajó con mucha prontitud y emitió su opinión de 160 páginas (el 18 de noviembre) apenas un mes después de haber concluido los escritos posteriores a la audiencia”.

Cuando se emitió el dictamen del tribunal de distrito, el período de presentación de candidatos de Texas recién había comenzado. Antes, la solución habría sido extender un poco el plazo de presentación de los candidatos para el Congreso. Sin embargo, hasta eso le pareció demasiado a la Corte, que dijo que el tribunal de distrito había “intervenido indebidamente en una campaña primaria activa y, como consecuencia, había causado una gran confusión y afectado el delicado equilibrio entre la competencia federal y estatal en las elecciones”.

El resultado es una drástica reformulación del principio de Purcell aún más en contra del pueblo votante. Cabe resaltar que la orden del tribunal de primera instancia no obligaba a Texas a utilizar un mapa radicalmente reconfigurado por primera vez. Tampoco le imponía un mapa trazado por la justicia. Simplemente le ordenaba a Texas volver a utilizar el mismo mapa congresual que la propia legislatura con mayoría republicana había trazado en 2021, y que el electorado y los administradores electorales ya habían usado durante dos elecciones seguidas.

De hecho, tal como lo señala el disenso de Kagan, este era el mismo mapa que todo el estado de Texas —desde los candidatos y los administradores electores hasta las personas votantes— estaba dispuesto a utilizar en 2026, hasta la decisión de último momento de Texas de volver a distribuir los distritos a mitad de década.

Con todos estos datos, el daño al electorado texano debió haber pesado más que el riesgo inexistente o mínimo de causar confusión en el electorado y las cargas, en el mejor de los casos leves, impuestas sobre los administradores electorales. Eso habría ocurrido en otros tiempos. Pero, no ahora; la Corte Suprema lo ha dejado en claro.

La causa judicial aún no ha terminado.

La orden de la Corte Suprema significa que Texas puede usar su nuevo mapa para las elecciones de medio término de 2026, pero la lucha continúa.

En las próximas semanas, Texas presentará otro escrito para pedirle a la Corte que admita el caso sobre sus méritos, y la parte demandante responderá. Luego, la Corte decidirá si va a oír el caso en la primavera. Si lo acepta, como se espera, dada la orden de suspensión, se presentarán los alegatos orales durante el período de otoño de 2026 de la Corte, y se emitirá un dictamen antes de fines de junio de 2027.

En resumen, Texas tiene un nuevo mapa para 2026, pero podría tener otro en 2028. Sin embargo, seguramente este sea un triste consuelo para el electorado no blanco de Texas que ha estado luchando por conseguir un mapa más justo desde 2021 y no va a ver reparación hasta, por lo menos, el 2028.

* Michael Li es abogado principal, Democracia en el Brennan Center for Justice. Este artículo fue publicado originalmente en inglés por el Brennan.

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