Productor limonero reveló las multas que les imponía “El Bótox” en Michoacán
César Alejandro Sepúlveda, alias El Bótox, era líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, vinculado a asesinatos de líderes del gremio limonero
El Bótox obligó a productores limoneros a trabajar bajo amenazas y pérdidas constantes. Crédito: Secretaría de Seguridad | Cortesía
La reciente detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Bótox, señalado como uno de los principales extorsionadores del sector citrícola en Apatzingán, Michoacán, abrió una ventana para que productores de limón expusieran el esquema de cobros ilegales que durante años los obligó a trabajar bajo amenazas y pérdidas constantes en la región de Tierra Caliente.
Autoridades federales y estatales informaron que la captura del presunto líder criminal, identificado como jefe del grupo Los Blancos de Troya, fue resultado de un operativo coordinado que buscaba desarticular una red señalada por imponer cuotas, clausurar empresas y generar un clima de terror entre agricultores, jornaleros y empacadores, además de estar vinculada a asesinatos de líderes del gremio limonero.
De acuerdo con el testimonio de un productor de limón de Apatzingán entrevistado por Azucena Uresti, de Radio Fórmula, el sistema de extorsión consistía en un cobro fijo de 0.11 dólares por cada kilo de limón que salía de los empaques, un monto que reducía drásticamente las ganancias y dejaba a los agricultores sin capacidad para cubrir costos básicos de producción.
El productor, quien pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, explicó que la cuota significaba una pérdida aproximada de 3.43 dólares por cada caja de limón vendida en alrededor de 5.72 dólares, lo que en la práctica los obligaba a trabajar casi exclusivamente para el grupo criminal. “Trabajábamos prácticamente para él”, relató durante la entrevista.
Según su testimonio, el cobro no se limitaba a llamadas o intermediarios. Personas armadas acudían directamente a las huertas y a los empaques para exigir el dinero, y en caso de retrasos o negativa, los productores eran citados por la noche en un parque de la comunidad de Cenobio Moreno, donde se realizaban los pagos bajo un ambiente de intimidación permanente.
El castigo por incumplir con las cuotas incluía multas de hasta 11,500 dólares o la clausura inmediata de los negocios. En algunos casos, El Bótox se presentaba de manera directa, acompañado de hombres armados, lo que anulaba cualquier posibilidad de denuncia ante las autoridades por temor a represalias contra las familias.
Las reuniones para pagar se realizaban alrededor de las 10 de la noche, un horario que incrementaba el miedo entre los productores. El agricultor entrevistado describió que cada cita implicaba la incertidumbre de no saber si regresarían a casa, ante la presencia constante de hombres armados y la ausencia de protección institucional.
El impacto de la extorsión fue devastador para el sector limonero. Varios productores optaron por dejar de cortar, vender o incluso abandonar cosechas completas para evitar el pago de cuotas, lo que provocó pérdidas económicas, desempleo y un freno a la actividad agrícola en una de las principales zonas productoras del país.
Las investigaciones oficiales también señalan que la estructura criminal encabezada por Sepúlveda Arellano está relacionada con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido en octubre de 2025.
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