Ordenan restablecer supervisión del Congreso sobre los centros de detención de ICE
El fallo reafirma el derecho y deber de los miembros del Congreso a realizar inspecciones sin previo aviso ante informes alarmantes de abuso
Se vive un aumento de denuncias por abuso, negligencia y muertes en centros de detención. Crédito: Eli Hartman | AP
Un tribunal federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) restablecer el acceso sin previo aviso de miembros del Congreso a los centros de detención migratoria, reafirmando la autoridad constitucional del Poder Legislativo para supervisar estas instalaciones.
La jueza federal Jia Cobb concedió una medida cautelar de emergencia a favor de 13 legisladores demócratas que demandaron al DHS tras serles negado el ingreso a centros de detención de ICE, a pesar de contar con autorización legal. El fallo determina que la agencia probablemente violó la ley al exigir un aviso con una semana de anticipación para realizar visitas de supervisión.
La decisión surge luego de que, en diciembre, el tribunal ya hubiera bloqueado una política similar del DHS por contravenir la llamada Sección 527, una disposición federal que garantiza a los legisladores acceso irrestricto a los centros de detención. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, restableció el requisito de notificación previa mediante un memorando que no fue divulgado públicamente y que solo salió a la luz tras varios incidentes en Minnesota, donde se impidió el acceso a congresistas.
De acuerdo con el fallo, el uso de fondos federales para aplicar esta política de aviso previo es ilegal, ya que el Congreso prohibió expresamente destinar esos recursos para limitar la supervisión legislativa. La jueza Cobb concluyó que el DHS no demostró de forma creíble que pudiera separar los fondos aprobados bajo una nueva ley presupuestaria, conocida como One Big Beautiful Bill Act, de aquellos restringidos por la Sección 527.
Con esta resolución, los legisladores demandantes podrán volver a ingresar a los centros de detención en tiempo real, entrevistar a personas detenidas y documentar condiciones como hacinamiento, uso de grilletes, falta de atención médica y obstáculos para acceder a asesoría legal. Organizaciones defensoras de derechos civiles señalan que esta supervisión es clave ante el aumento de denuncias por abuso, negligencia y muertes bajo custodia de ICE.
“El fallo reafirma que ninguna administración está por encima de la ley y que la rendición de cuentas es esencial, especialmente cuando se trata de la vida y la dignidad de las personas detenidas”, señalaron representantes legales de Democracy Forward y American Oversight, organizaciones que llevaron el caso ante los tribunales.
Entre los demandantes se encuentran el representante Joe Neguse, el presidente del Caucus Hispano del Congreso Adriano Espaillat, y varios líderes demócratas de comités clave de la Cámara de Representantes. El caso, Joe Neguse et al. v. Immigration and Customs Enforcement, continúa en los tribunales mientras se evalúan los próximos pasos legales.
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