Florida gasta en operativos migratorios $573 millones de dólares de un fondo de emergencias
El gasto se relaciona a la Operación Centinela Vigilante, impulsada por el gobernador Ron DeSantis tras declarar una emergencia migratoria en 2023
DeSantis ha utilizado sus poderes de emergencia para ir más allá de la respuesta a desastres naturales. Crédito: Rebecca Blackwell | AP
El Gobierno de Florida ha gastado $573 millones de dólares en operativos de control migratorio durante los últimos tres años utilizando un fondo estatal destinado originalmente a emergencias, según un informe oficial de la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) enviado a la Legislatura estatal y filtrado a medios como Miami Herald y Politico.
El gasto corresponde principalmente a la “Operation Vigilant Sentry” (Operación Centinela Vigilante), una iniciativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis tras declarar una emergencia migratoria en 2023, la cual sigue vigente y ha sido renovada en varias ocasiones. Gracias a esa declaración, el gobernador puede autorizar gastos millonarios sin aprobación legislativa, un punto que ha generado fuertes críticas.
Del total reportado, más de $484 millones de dólares fueron clasificados como “proyectos”, sin que el informe detalle a qué contratos o proveedores se destinaron esos fondos. Además, se documentaron 29 millones de dólares en la compra de equipos, incluyendo radios, motores de helicópteros, camionetas, remolques y otros insumos utilizados en los operativos.
El informe representa una de las pocas ocasiones en que la administración DeSantis ha revelado cifras detalladas sobre el costo de sus políticas migratorias, aunque sigue sin aclarar el destino específico de gran parte del dinero.
DeSantis ha utilizado sus poderes de emergencia para ir más allá de la respuesta a desastres naturales, estableciendo centros de detención migratoria en los Everglades y en el noreste de Florida, incluidos los polémicos complejos conocidos como “Alligator Alcatraz” y “Deportation Depot”, administrados con recursos de la FDEM.
Durante estos periodos de emergencia, el estado no está obligado a seguir las reglas habituales de contratación pública, lo que ha levantado cuestionamientos sobre transparencia y supervisión.
Ante dicho contexto, el Partido Demócrata de Florida acusó al gobernador de usar fondos de emergencia para beneficiar a donantes políticos. La congresista Debbie Wasserman Schultz criticó duramente el gasto en la red social X, señalando que mientras se destinan millones a detener inmigrantes, los costos de alimentos, salud y vivienda siguen aumentando para los residentes del estado.
DeSantis, por su parte, ha defendido su política y afirmó recientemente que “ningún otro estado ha hecho más que Florida” en materia migratoria. El gobernador destacó que ha obligado a todas las agencias locales a firmar acuerdos 287(g) para colaborar con ICE, lo que —según su administración— ha resultado en el arresto de unos 20,000 migrantes en los últimos nueve meses.
Un tema clave para la comunidad hispana
El gasto millonario y la falta de detalles sobre contratos y reembolsos federales han intensificado el debate sobre el uso de fondos públicos, la transparencia y el impacto de las políticas migratorias en Florida, un estado con una de las mayores poblaciones hispanas e inmigrantes del país.
Mientras continúan las investigaciones y controversias legales, el informe pone en el centro de la discusión el costo real de la agenda antiinmigrante de Florida y sus consecuencias para los contribuyentes.
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