Aprobación de ley para reconocer el feto como un ser humano levanta revuelo: advierten sobre sus consecuencias
Argumentan que mujeres con embarazos complicados en Puerto Rico probablemente serán rechazadas por privados y terminarán dando a luz en EE.UU. continental
Mujer en etapa de gestación. Crédito: New Africa | Shutterstock
La reciente firma de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, a un proyecto de ley que considera a un feto como un ser humano ha suscitado críticas. La ley fue aprobada sin procesos de audiencia pública, lo que ha generado preocupación entre médicos y expertos legales.
El Dr. Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, advierte que la nueva legislación resultará en una atención médica defensiva y puede complicar decisiones cruciales que ahora se verán bajo un marco legal. Esto podría llevar a que médicos eviten tratar embarazos complicados, poniendo en riesgo la salud de las mujeres.
Dijo que las mujeres con embarazos complicados probablemente serán rechazadas por médicos privados y terminarán dando a luz en Estados Unidos continental o en el hospital público más grande de Puerto Rico, y señaló que el desmoronado sistema de salud de la isla no está preparado, reseñó Associated Press (AP).
“Esto traerá consecuencias desastrosas”, advirtió Díaz Vélez.
La ley reforma el Código Penal de Puerto Rico, lo que significa que se deberán implementar nuevos protocolos que respeten la privacidad de las mujeres embarazadas.
Opiniones contrapuestas
A pesar de la controversia, algunos defensores de la ley creen que proporciona consistencia entre las leyes civiles y penales, subrayando la importancia de reconocer al feto.
Por otro lado, críticos como Rosa Seguí Cordero, abogada y portavoz de la Campaña Nacional por el Aborto Gratuito, Seguro y Accesible en Puerto Rico, enfatizan que la ley podría llevar a la criminalización de abortos y menoscabar derechos reproductivos. Exponen inquietudes sobre cómo afectará a las mujeres y al sistema de salud.
La falta de un análisis adecuado antes de la aprobación de la ley ha sido un punto central de crítica. Líderes como Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico, destacan la necesidad de un debate más extenso y responsable para evitar ambigüedades en la aplicación de derechos civiles.
Implicaciones de considerar al feto como ser humano
Considerar al feto como un ser humano completo desde el punto de vista médico genera debates profundos sobre su estatus biológico, ético y legal, ya que implica reconocerlo como un individuo de la especie humana con derechos inherentes desde etapas tempranas del desarrollo.
Estatus biológico. Médicamente, el feto se define como la etapa del desarrollo humano desde la semana 9 de gestación hasta el nacimiento, con órganos formados y viabilidad creciente. Fuentes científicas destacan que posee una identidad genética única desde la fecundación, evolucionando como un organismo vivo continuo, aunque dependiente de la madre vía placenta. Sin embargo, no es un ser independiente hasta el nacimiento, ya que requiere soporte uterino para sobrevivir.
Implicaciones éticas y de paciente. Reconocerlo como ser humano eleva al feto a “paciente” en intervenciones como cirugía fetal, lo que cuestiona su autonomía y derechos versus los de la madre. Esto implica priorizar su protección vital, considerando su potencial para desarrollarse en una persona plena. En bioética, se argumenta que su dignidad surge de su esencia humana intrínseca, no solo de su madurez.
Consecuencias médico-legales. En términos prácticos, equiparar feto y ser humano completo restringe procedimientos como el aborto, tratándolo como homicidio potencial. Legislaciones varían: muchas marcan el nacimiento con vida como inicio de persona, pese a su humanidad biológica previa. Esto afecta protocolos de emergencias obstétricas, priorizando viabilidad fetal (alrededor de 24 semanas).
Antecedentes con leyes similares
En varios estados de EE.UU. y países europeos se han implementado leyes similares a las de restricción de cuidados de afirmación de género para menores, con consecuencias mixtas como restricciones al acceso médico y debates sobre arrepentimientos. En América Latina y otros contextos, leyes de control estricto de armas o penalización del aborto (similares a las venezolanas) han generado altos índices de criminalidad clandestina o crisis humanitarias.
Leyes en EE.UU. sobre tratamientos trans para menores. Al menos 25 estados han aprobado prohibiciones a bloqueadores de pubertad, hormonas o cirugías para menores trans, avaladas por la Corte Suprema en casos como Tennessee e Idaho. Estas leyes clasifican los tratamientos como delito grave en algunos lugares, generando crisis de salud: familias viajan a otros estados para atención, pierden seguros y enfrentan “aiding and abetting”, cláusulas que penalizan referencias médicas. Proveedores reportan tensiones profesionales y fin de servicios, profundizando desigualdades en acceso a cuidado multidisciplinario.
Experiencias en Europa con restricciones hormonales. Países como Suecia, Finlandia y Reino Unido, pioneros en tratamientos trans, han revertido políticas para menores priorizando terapia psicológica sobre hormonación. Suecia restringe hormonas salvo aprobación de comités éticos y madurez emocional confirmada; Finlandia exige evaluación previa de salud mental. Consecuencias incluyen reducción de casos de arrepentimiento reportados y críticas a “modas” legislativas, inspirando debates en España sobre eliminar pruebas psicológicas.
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