La Casa Blanca pone bajo investigación a naturalizados por fraude electoral, fuentes
Agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos deberán identificar a inmigrantes que votaron antes de obtener la ciudadanía
Trump busca conocer si ciertos ciudadanos votaron antes de tener la ciudadanía. Crédito: Eduardo Muñoz Álvarez | AP
La administración del presidente Donald Trump redobla esfuerzos para identificar a inmigrantes que presuntamente votaron antes de completar su proceso de naturalización. La orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a investigar posibles casos de fraude electoral entre ciudadanos naturalizados.
Dos funcionarios actuales y anteriores del DHS dijeron a MS Now que nunca habían presenciado una iniciativa similar, a la que describieron como “no normal”. Según explicaron, la Casa Blanca comenzó desde el verano pasado a rastrear a extranjeros sospechosos de irregularidades electorales y encargó a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) una revisión exhaustiva.
De manera oficial, los agentes habrían recibido más de 1.000 nombres con la expectativa de que los hallazgos deriven en procesos penales para la mayoría de los señalados.
Días atrás se emitió un memorando que, según la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, forma parte de los “continuos esfuerzos para implementar la Orden Ejecutiva del presidente”, cuyo objetivo es identificar a personas que “parecen haber violado la ley”. Aseguró que “las únicas personas que deberían estar preocupadas son los criminales”.
Jackson añadió que el presidente está comprometido con garantizar que los estadounidenses tengan plena confianza en la administración electoral, incluyendo padrones “precisos, actualizados y libres de errores o votantes registrados ilegalmente”.
De acuerdo con las fuentes, el programa exige que los agentes determinen si ciudadanos naturalizados se registraron o votaron antes de obtener la ciudadanía. Además, los investigadores deben presentar informes detallados incluso en los casos en que decidan no presentar cargos.
La iniciativa ha generado preocupación entre fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, quienes advierten que estas investigaciones podrían disuadir a votantes elegibles de participar en las próximas elecciones intermedias.
A esta estrategia se suma la propuesta de enviar agentes del orden a centros de votación para reforzar la seguridad electoral, pese a que la legislación federal prohíbe el despliegue de personal armado en los lugares de votación.
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