Comerciantes latinos denuncian discriminación por nueva política de préstamos federales
Los residentes permanentes dejarán de ser elegibles para recibir préstamos federales, que permite acceder a financiamiento de hasta $5 millones
Miles de comerciantes aún esperan claridad sobre el alcance final de la medida y exploran alternativas para mantener a flote sus empresas. Crédito: Mary Altaffer | AP
La nueva política de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) dejó a miles de pequeños empresarios latinos en Estados Unidos en incertidumbre, ya que esta ley limitará el acceso a sus principales programas de financiamiento exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, excluyendo a residentes permanentes legales o titulares de la Green Card.
La medida, que entrará en vigor el 1 de marzo, afectará particularmente al programa más utilizado por la agencia para respaldar a pequeños negocios.
De acuerdo con un memorando interno de la SBA, los residentes permanentes dejarán de ser elegibles para recibir préstamos federales, que permite acceder a financiamiento de hasta $5 millones de dólares para capital de trabajo, expansión, compra de equipos o recuperación financiera.
El programa funciona a través de bancos privados que otorgan préstamos con garantía parcial del Gobierno federal, lo que reduce el riesgo para las instituciones financieras y permite ofrecer tasas de interés más bajas y plazos más flexibles.
Hasta ahora, los residentes legales permanentes podían solicitar estos préstamos en igualdad de condiciones que los ciudadanos estadounidenses, siempre que cumplieran con los requisitos financieros y regulatorios. Con el nuevo cambio, solo ciudadanos y naturalizados podrán acceder a estos fondos.
“Es discriminación”, denuncian líderes hispanos
Para muchos comerciantes latinos, la decisión representa un golpe directo al crecimiento empresarial de la comunidad inmigrante.
Frank García, presidente de la Asociación Nacional de Cámaras de Comercio Hispanas, calificó la medida como “discriminatoria” y aseguró que afecta a personas que están legalmente en el país, pagan impuestos y generan empleo.
“Estos no son indocumentados. Son residentes legales que contribuyen a la economía como cualquier ciudadano”, afirmó, advirtiendo que la medida podría frenar el crecimiento del empresariado hispano.
En ciudades como Nueva York, donde una gran parte de pequeños negocios, especialmente bodegas y tiendas de barrio, están en manos de inmigrantes latinoamericanos, el impacto podría ser significativo. Mexicanos, dominicanos, colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos figuran entre los grupos más afectados.
Francisco Marte, presidente del grupo Bodegas and Small Business Group, estima que entre el 50% y el 60% de los dueños de pequeños negocios en Nueva York son residentes legales. De las entre 10,000 y 12,000 bodegas que operan en la ciudad, alrededor del 70 % pertenece a empresarios latinos, muchos de ellos con Green Card.
“Estamos creando empleos, dando servicios a la comunidad y cumpliendo con nuestras obligaciones. Ahora nos cierran la puerta”, lamentó.
Ante la exclusión del financiamiento respaldado por el Gobierno, líderes comunitarios temen que muchos empresarios recurran nuevamente a prestamistas privados con tasas de interés elevadas.
También existe preocupación de que bancos privados adopten criterios similares y limiten el acceso al crédito incluso fuera de los programas federales.
Según datos federales, los latinos representan uno de los grupos de emprendedores de más rápido crecimiento en Estados Unidos. En tanto, las empresas propiedad de hispanos generan cientos de miles de millones de dólares anuales y emplean a millones de trabajadores.
Para muchos inmigrantes, el acceso a capital ha sido históricamente una de las mayores barreras para iniciar o expandir un negocio, por lo que con la nueva política, organizaciones empresariales advierten que podría ampliarse nuevamente la desigualdad en el acceso al crédito, afectando no solo a los empresarios, sino también a las comunidades donde operan sus negocios.
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