Caucus Hispano recurre a la Corte Suprema en defensa de la ciudadanía por nacimiento
Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, presentó ante la Corte Suprema un amicus curiae para defender la ciudadanía por nacimiento
Adriano Espaillat extiende su respaldo a los millones de inmigrantes carentes de estatus legal radicados en Estados Unidos. Crédito: Rod Lamkey, Jr. | AP
En apoyo del Grupo de Trabajo de Litigios de la Cámara de Representantes, Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), lideró a 216 demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado en la presentación de un escrito de amicus curiae bicameral en defensa del principio constitucional esencial de la ciudadanía por nacimiento.
Este tipo de documento voluntario es presentado por terceros ajenos a un litigio —personas, ONGs o instituciones— que ofrecen argumentos, información técnica o jurídica relevante para colaborar con un juez en la resolución de casos de gran relevancia pública o impacto en derechos fundamentales.
Con respecto al tema de la ciudadanía por nacimiento, el interés se centra en el caso Trump v. Barbara, actualmente ante la Corte Suprema con argumentos orales programados para el 1 de abril del 2026.
Los legisladores demócratas argumentan que la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, la cual fue presentada en su primer día en el gobierno, elimina la garantía de ciudadanía otorgada a los niños nacidos en Estados Unidos, viola la Constitución y más de un siglo de fallos de la Corte Suprema, así como las leyes promulgadas por el Congreso.
En este sentido, reafirman que la Decimocuarta Enmienda le otorga al Congreso la autoridad para hacer cumplir la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento.
“La Decimocuarta Enmienda establece un mínimo constitucional—un piso—para la ciudadanía por nacimiento. Como mínimo, la ciudadanía por nacimiento debe extenderse a todas las ‘personas nacidas… en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción’. Sin embargo, la Decimocuarta Enmienda no establece un techo. El Congreso tiene libertad de otorgar la ciudadanía por nacimiento de manera más amplia, a personas que no la adquieren en virtud del texto constitucional”, indica una parte del escrito amici curiae.
Asimismo, los demócratas subrayan que la interpretación de la ciudadanía por nacimiento por parte de la administración es jurídicamente incoherente, pues estiman que afectaría a los hijos de solicitantes de asilo, lo cual implicaría que 1.8 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de dos padres no autorizados podrían correr el riesgo de perder su ciudadanía de manera retroactiva.
“Esta incoherencia es aún más preocupante porque, si la administración prevalece en este litigio, millones de estadounidenses dejarán de ser ciudadanos de repente.
Si la Corte respalda las interpretaciones de la administración, millones de estadounidenses simplemente dejarán de cumplir con los criterios constitucionales y legales para la ciudadanía. La legislación vigente les impedirá, por tanto, votar, obtener pasaportes y mucho más.
La administración no puede cambiar eso anunciando que (por ahora) tratará a esos exestadounidenses como si fueran ciudadanos, otorgándoles beneficios que la ley les prohíbe tener”, expone el amicus curiae.
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