Exigen a autoridades de Escondido, California, cancelar contrato con ICE y sacarlos de su campo de tiro
Se argumenta que permitir el uso continuo del campo de tiro “intensifica los impactos perjudiciales” de las operaciones migratorias en la región
Funcionarios electos, organizaciones civiles y miles de residentes, han alzado la voz para exigir que la ciudad deje de facilitar recursos municipales al ICE, cuya presencia, siembra el terror en las familias trabajadoras del condado. Crédito: Amy Taxin | AP
La alcaldía de Escondido, ciudad del sur de California, se ha convertido en el nuevo epicentro de la batalla por los derechos de los inmigrantes, donde el Concejo Municipal enfrenta una presión sin precedentes para cancelar un contrato de larga data que permite a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizar el campo de tiro del Departamento de Policía local para entrenamiento.
El acuerdo, vigente desde hace más de una década, autoriza a cerca de 200 agentes federales a practicar tiro hasta 20 días al año en el centro de capacitación de 22 acres ubicado en Valley Center Road. El contrato actual, firmado en enero, contempla un pago aproximado de $67,500 dólares por tres años para cubrir costos operativos.
La revisión del convenio llega tras una creciente presión de residentes, activistas y funcionarios electos que consideran que la colaboración envía un mensaje equivocado a la comunidad inmigrante.
Funcionarios regionales se suman a la presión
La controversia se intensificó esta semana con la entrega de una carta firmada por 33 funcionarios regionales que piden formalmente al Ayuntamiento rescindir el contrato con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE.
Entre los firmantes se encuentran el asambleísta estatal David Álvarez y las supervisoras del condado de San Diego Paloma Aguirre, Monica Montgomery Steppe y Terra Lawson-Remer, así como concejales y miembros de juntas escolares de diversas ciudades del condado.
La carta argumenta que permitir el uso continuo del campo de tiro “intensifica los impactos perjudiciales” de las operaciones migratorias en la región y afecta la confianza pública más allá de los límites de Escondido.
Organizaciones comunitarias también convocaron a una manifestación frente al Ayuntamiento antes de la sesión del Concejo. En meses recientes, varias ciudades del condado de San Diego han sido escenario de protestas contra redadas y operativos federales.
La concejala Marni von Wilpert, quien impulsa la iniciativa para terminar el acuerdo, ha reunido miles de firmas para pedir la cancelación. “Estamos traicionando la confianza depositada en las fuerzas del orden locales”, declaró, al advertir que familias inmigrantes temen llamar al 911 o denunciar delitos por miedo a posibles consecuencias migratorias.
División dentro del liderazgo local
No todos los funcionarios municipales comparten esa postura. El alcalde Dane White ha expresado preocupación por las posibles repercusiones legales o políticas de cancelar el contrato sin causa, incluyendo la posibilidad de que la ciudad se convierta en blanco de mayor escrutinio federal.
Por su parte, el capitán de policía Erik Witholt defendió el acuerdo, señalando que los agentes federales realizan su entrenamiento de manera independiente y que el personal local no participa en su capacitación.
El debate ocurre en un contexto de intensificación de la aplicación de leyes migratorias a nivel nacional durante la administración del presidente Donald Trump, lo que ha generado tensiones en comunidades fronterizas como el condado de San Diego.
Para muchos residentes, la decisión no solo trata de un contrato de entrenamiento, sino del rumbo que la ciudad quiere tomar en materia de confianza comunitaria y seguridad pública.
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