Denver ordena a su policía proteger a manifestantes y frenar abusos de ICE en operativos
Se instruye a los oficiales a intervenir si observan conductas que puedan causar lesiones graves o la muerte. Exigimos cumplir con ese estándar, dijo el alcalde
"Nuestros equipos policiales y legales defenderán las libertades civiles y, de ser necesario, intervendrán para proteger la vida y la seguridad de nuestros residentes", sentenció el alcalde de Denver, Mike Johnston. Crédito: Rod Lamkey, Jr. | AP
En un desafío directo a las políticas de mano dura de la administración de Donald Trump, la ciudad de Denver, Colorado, implementó una robusta Orden Ejecutiva que busca blindar a sus residentes frente a las “extralimitaciones” de las redadas migratorias. La medida no solo limita la colaboración con el Gobierno federal, sino que autoriza a la policía local a intervenir físicamente si agentes de inmigración utilizan fuerza excesiva.
El alcalde demócrata Mike Johnston firmó el decreto bajo un clima de creciente tensión nacional, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses el mes pasado durante operativos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. “Nuestros equipos policiales y legales defenderán las libertades civiles y, de ser necesario, intervendrán para proteger la vida y la seguridad de nuestros residentes”, sentenció Johnston en una declaración que resuena como un grito de guerra en las llamadas “ciudades santuario”.
Para garantizar la rendición de cuentas, la Policía de Denver utilizará cámaras corporales para documentar la actividad de ICE. Además, se ha instruido a las agencias locales para que investiguen de manera autónoma cualquier denuncia de conducta criminal o violencia cometida por funcionarios federales, sin importar si existe una investigación paralela por parte de Washington.
Protección a manifestantes y límites a ICE
El documento establece que, ante operativos de control migratorio civil —incluido un aumento de presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)—, la Policía de Denver deberá aplicar protocolos de desescalada para proteger a quienes protesten o documenten las acciones federales.
Además, instruye a los oficiales a intervenir si observan conductas que puedan causar lesiones graves o la muerte. “Exigimos a nuestros propios oficiales que cumplan con ese estándar, y exigiremos lo mismo a cualquier agente del ICE”, declaró Johnston durante una conferencia de prensa.
El jefe del Departamento de Policía, Ron Thomas, respaldó la medida y aseguró que su agencia tiene el deber de investigar cualquier incidente en el que miembros de la comunidad resulten perjudicados.
En la misma línea, la fiscal de la ciudad, Miko Brown, advirtió que su oficina defenderá los derechos de los residentes “independientemente de su lugar de nacimiento”.
La orden también prohíbe el acceso de agentes federales a instalaciones municipales —incluidos edificios, parques y estacionamientos— sin una orden judicial válida.
Sin intercambio de datos ni uso de propiedades municipales
Entre los puntos clave, la ciudad prohibió compartir bases de datos o acuerdos tecnológicos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin autorización judicial. Asimismo, los agentes municipales deberán utilizar cámaras corporales durante cualquier interacción con autoridades migratorias y preservar las grabaciones como evidencia.
La disposición contempla investigar posibles conductas criminales cometidas por funcionarios federales y prohíbe expresamente el perfilamiento racial.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson criticó la decisión y sostuvo que los gobiernos locales deberían colaborar con ICE en lugar de obstaculizar sus operaciones. La administración Trump ha defendido su política migratoria como un esfuerzo para reforzar la seguridad nacional, mientras organizaciones de derechos civiles denuncian un clima de miedo y posibles violaciones al debido proceso.
Con esta orden, Denver se suma a otras ciudades que buscan limitar el alcance de las redadas federales dentro de su jurisdicción y reafirmar su compromiso con la protección de los derechos constitucionales.
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