Rubio será testigo en juicio contra su amigo David Rivera, presuntamente vinculado al gobierno de Maduro
Rivera y su presunta socia, Esther Nuhfer, enfrentan cargos por conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos y por lavar dinero, entre otros
En esta imagen de archivo se observa en Miami, al entonces candidato republicano al Senado de EE. UU., Marco Rubio (izquierda), y a David Rivera, candidato republicano al Congreso (derecha). Crédito: Alan Diaz/ Archivo | AP
En lo que promete ser un terremoto político con repercusiones desde el sur de Florida hasta los pasillos de Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido incluido oficialmente en la lista de testigos para el juicio penal contra su antiguo aliado y compañero de vivienda, el excongresista republicano David Rivera.
El excongresista republicano está acusado de actuar como agente extranjero no registrado para intereses vinculados al régimen venezolano durante el primer mandato del expresidente Donald Trump.
El proceso judicial, que se celebrará en una corte federal de Miami y comenzará el 16 de marzo con la selección del jurado, se centra en un presunto esquema mediante el cual Rivera habría intentado influir en funcionarios estadounidenses para suavizar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con documentos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Rubio es uno de los 30 posibles testigos que podrían ser llamados durante el juicio. La lista también incluye a actuales y exfuncionarios del Departamento de Estado y a varias figuras vinculadas al entorno político de Washington.
Rivera y su presunta socia, Esther Nuhfer, enfrentan cargos por conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos, actuar como agentes extranjeros sin registrarse, en violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, y conspiración para lavar dinero, entre otros.
Un contrato de 50 millones bajo la lupa
Los fiscales sostienen que el exlegislador recibió más de cinco millones de dólares por labores de cabildeo destinadas a influir en la política estadounidense hacia Venezuela. La acusación se centra en un acuerdo de consultoría por 50 millones de dólares firmado por la empresa de Rivera con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Según los documentos judiciales, Rivera habría recibido un pago inicial de 5 millones de dólares para influir en la administración de Donald Trump durante su primer mandato, buscando una “normalización” de las relaciones que beneficiara a la cúpula chavista.
Los fiscales alegan que Rivera utilizó su acceso a figuras clave del Partido Republicano para promover los intereses de Caracas sin cumplir con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Entre las gestiones mencionadas, se destaca una reunión en la que Rivera habría intentado convencer a funcionarios de que el régimen de Maduro estaba dispuesto a negociar elecciones legítimas, una estrategia que la defensa califica como un esfuerzo genuino por “derrocar al dictador desde adentro”.
Una relación política de décadas bajo escrutinio
Rubio y Rivera mantienen una relación que se remonta a la década de 1990, cuando ambos emergían como jóvenes figuras republicanas de origen cubano en la política de Florida. Durante esos años compartieron incluso una vivienda en Tallahassee mientras trabajaban en la legislatura estatal.
Rubio, quien posteriormente se convirtió en senador y hoy dirige la diplomacia estadounidense, se ha destacado durante años como uno de los críticos más duros de los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Rivera, por su parte, ha negado todas las acusaciones. Su defensa sostiene que sus contactos y gestiones en 2017 y 2018 tenían como objetivo explorar vías para promover cambios políticos en Venezuela y eventualmente debilitar el poder de Maduro, no favorecerlo.
Sin embargo, los fiscales afirman que el excongresista estuvo en el centro de una operación para persuadir a la administración Trump de relajar las sanciones contra Caracas, al tiempo que buscaba facilitar el regreso de grandes empresas energéticas estadounidenses al país sudamericano.
El caso también ha salpicado a otras figuras políticas y del mundo del cabildeo, entre ellas la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, así como a la exasesora presidencial Kellyanne Conway, el congresista republicano Pete Sessions y el influyente lobista Brian Ballard, cuyos nombres aparecen en documentos del proceso.
Las autoridades federales han confiscado además 24 millones de dólares y cinco propiedades vinculadas al caso.
El juicio promete atraer atención nacional, ya que podría revelar detalles sobre los intentos de influencia extranjera en Washington y sobre las conexiones entre políticos estadounidenses y actores internacionales durante uno de los periodos más tensos de la relación entre Estados Unidos y Venezuela.
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