Ciudadanos arrestados, golpeados y detenidos por ICE buscan justicia

Brian Gavidia y Javier Ramírez, ambos ciudadanos estadounidenses están convencidos que sus detenciones por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) fueron motivadas por el racismo y, por ello, ambos esperan que los altos mandos del gobierno federal sean responsabilizados en las cortes de Estados Unidos, incluyendo a Kristi Noem, la despedida ex secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El 12 de junio de 2025, Gavidia, de 30 años, fue detenido y maltratado por espacio de 20 minutos en el frente de un taller de carrocería, en la ciudad de Montebello, aun después de repetir tres veces que era ciudadano estadounidense, mientras era sometido contra los barandales del negocio.

Gavidia fue liberado tras confirmarse que era ciudadano estadounidense y haber sido acusado falsamente de interferir en el operativo de ICE. Un video demostró que el DHS fabricó una mentira sobre su arresto. Los agentes nunca le devolvieron su teléfono ni su tarjeta de identificación.

Puedes ver: ¿ICE puede arrestarte sin orden judicial? Esto es lo que debes saber para protegerte

Allí mismo fue arrestado y golpeado en el piso Javier Ramírez, padre de tres hijos, amigo y compañero de trabajo de Gavidia.

Ramírez, hijo de padres nacidos en Puebla, Mexico, y el menor de nueve hermanos, fue arrestado por presuntamente haber agredido a un agente del orden público e interferir con los agentes enmascarados.

Secuelas del trauma

“Aunque ya me recuperé un poquito, todavía tengo el trauma”, dijo Gavidia. “Sigo pensando que el gobierno me sigue”.

El joven latino cuenta que, después de aquella experiencia, a los días siguientes los agentes “acampaban” por horas afuera de lo que era su negocio.

De igual manera, Ramírez informo que sigue viendo a un terapista de salud mental.

“Antes, no podía ni dormir; tenía pesadillas, al grado de que, una vez que me desperté, comencé a golpear la pared y me sangré los nudillos de la mano”.

El 12 de junio de 2025, Ramírez fue sometido en el piso y uno de los agentes de ICE lo contuvo con su rodilla en la cara. Fue encarcelado por cinco días.

“Nunca me dieron ninguna medicina; prácticamente estaba secuestrado y aislado”, expliceo. “Salí libre cuando un juez dijo que me podía ir…. El fiscal de distrito comentó que no había motivos para mi detención”.

Una victoria parcial

Biran Gavidia fue parte de la demanda de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) que logró de la jueza Maame Frimpong, una orden tentativa de restricción temporal de las redadas migratorias basadas en el color de la piel, la vestimenta de las personas, sus expresiones faciales o el tipo de trabajo que realizan.

En septiembre de 2025, la Suprema Corte dio “luz verde” a la continuidad de las agresivas redadas migratorias.

Entre tanto, Ramírez es parte de una demanda colectiva de derechos civiles que entablaron los abogados Luis y Michael Carrillo contra ICE, la Patrulla Fronteriza (CBP) y el DHS. Ramírez rindió su testimonio de la detención ilegal ante los miembros del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado y del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Richard Blumental (D-Connecticut) y Robert García (D-California).

“Para detener estas prácticas se necesita acción legal contra el alto mando, incluyendo al presidente [Donald Trump]”, dijo Ramírez, a La Opinión. “Cuando testificamos ante el Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem negó inicialmente que detenían a ciudadanos americanos, aunque luego reconoció que habían tenido a unas 35 personas”.

“[Kristi Noem] Mintió que no los detenían por perfil racial, a pesar de que uno de sus agentes dijo que no eran mexicanos [a los que detenían]”, añadió. “Pero, yo tengo fe de que se puede hacer justicia en el país y que Kristi Noem enfrente cargos penales”.

En 2025, un informe de ProPublica mostró que más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron identificados como personas que habían sido detenidas o retenidas ilegalmente por agentes de inmigración, con casos que involucraban a individuos retenidos durante días.

ProPublica aclaró que, si bien el número total de detenciones por parte del ICE alcanzó máximos históricos, superando las 70.000 a principios de 2026, resulta difícil rastrear cifras actualizadas específicas sobre el número exacto de ciudadanos que se encuentran detenidos actualmente.

“Yo fui detenido solo por 20 minutos, pero la manera que me agarraron, como me tiraron al piso y como me pusieron frente a los barandales es la razón que me metí en esa demanda con la ACLU”, recordó Brian Gavidia. “El gobierno dijo puras mentiras. Dijeron que yo quise meterme en los problemas que no eran míos”.

Agregó que, aquel 12 de junio, cuando se incrementaron las redadas masivas, él solamente quería observar que no maltrataran a la gente”.

Solución en la organización

Tanto Gavidia como Ramírez relataron sus experiencias durante una asamblea pública en la Norman Y. Mineta Democracy Plaza del Museo del Museo Nacional Japonés-Estadounidense (JANM) titulada, “En primera línea: Enfrentando el costo humano de las deportaciones del ICE y defendiendo a nuestras comunidades”.

La reunión congregó a más de 200 participantes, incluyendo a decenas de alcaldes municipales, defensores de los inmigrantes, organizaciones religiosas y residentes afectados por las continuas incursiones inhumanas del ICE, que se incrementaron exponencialmente desde el 6 de junio de 2025.

¿Qué soluciones planean implementar para devolver un sentido de humanidad a los inmigrantes y poner fin a la crueldad ejercida por los agentes del ICE?, preguntó La Opinión a la alcaldesa Bass.

“Para mí, la solución —que no es una solución completa— radica en que sigamos organizándonos”, respondió. “Junto con alcaldes de toda la región hemos compartido nuestras respectivas políticas, directivas ejecutivas y demandas judiciales”.

Agregó que, de hecho, cuando emitió su propia directiva ejecutiva, obtuvo parte de esa información del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ya que él acababa de emitir una directiva similar relacionada a prohibir el uso de estacionamientos municipales, lotes baldíos y garajes como zonas de preparación para la aplicación de la ley de inmigración civil.

Subrayó que, es importante permanecer unidos y asegurarse de que ninguna ciudad se sienta atacada de forma aislada, y que se manifieste la solidaridad con la defensa y resistencia de las comunidades.

“Debo confesar que, cuando esta batalla comenzó, no tenía mucha esperanza en que los tribunales realmente nos respaldaran; sin embargo, hemos sido testigos de decisiones variadas y ahora sí tengo la esperanza de que, por ejemplo, la decisión judicial que ratificó la ley sobre el uso de mascarillas en California sea finalmente confirmada por el tribunal”, declaró la alcaldesa Bass.

En febrero de 2026, un juez federal bloqueó una ley SB 805 de California que prohibía a los agentes del ICE usar máscaras durante sus operaciones. Dicha ley, cuyo objetivo era aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, fue impugnada por el gobierno federal, el cual argumentó que eximir a la policía estatal, mientras se imponían restricciones a los agentes federales resultaba discriminatorio.

“En este momento, dicha decisión está siendo impugnada; hemos tenido fallos mixtos, pero mi impresión es que lo ocurrido en Minneapolis podría haber marcado un punto de inflexión, dado que también se está observando una división dentro del Partido Republicano y, ciertamente, entre los propios votantes republicanos”, reflexionó la alcaldesa, quien, no obstante, recordó que Minneapolis fue escenario de muertes —concretamente, el asesinato de un par de activistas Renee Good y Alex Pretti—;  y el caso de Keith Porter en Northridge, asesinado por un agente de ICE.

La abogada Jeannette Zanipatin, directora de legislación de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), destacó que se debe documentar toda la crueldad con la que se han conducido los agentes enmascarados de ICE en contra de la comunidad latina e inmigrante.

“Hoy en día, es muy importante documentar lo que está pasando”, manifestó.

¿Cómo piensa que se va a detener toda esta crueldad en contra de la comunidad inmigrante?, se le cuestionó.

“Debemos tener algo para mostrar a los representantes que tenemos en Washington. También, debemos mostrar que la comunidad inmigrante tiene poder político”, explicó la abogada Zanipatin. “Tenemos que documentar cómo están los derechos de las personas y cómo están violando la constitución. Estamos viviendo un momento que no hemos vivido antes en este país…Eso es aterrorizar e imponer tácticas muy violentas en contra de nuestra comunidad inmigrante”.

Puedes ver: Un sheriff pide dar papeles a migrantes sin antecedentes en Florida: la idea que sorprende desde el ala dura