Mujer hispana rechazada para nueva sentencia por el asesinato de su hijo en Los Ángeles

Una mujer hispana que se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte a golpes de su hijo de 8 años vio rechazada nuevamente su petición de nueva sentencia este lunes por un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Pearl Sinthia Fernández, de 42 años, fue condenada en marzo de 2018 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su hijo, Gabriel Fernández, en mayo de 2013.

Desde entonces, Fernández presentó dos apelaciones para que se revise su sentencia argumentando que ya no puede ser condenada por asesinato, citando cambios recientes en la ley estatal que afectan a los acusados en algunos casos de homicidio.

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Este lunes, un juez de Los Ángeles denegó su más reciente petición, que fue presentada en febrero.

El novio de Pearl, Isauro Aguirre, de 45 años, fue condenado a muerte. Su apelación automática ante la Corte Suprema de California está pendiente.

De acuerdo con los investigadores, el niño fue golpeado, privado de alimentos, obligado a dormir en un armario y torturado sistemáticamente hasta su muerte, la cual ocurrió en 2013.

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Durante el juicio, algunas de las lesiones y torturas que padeció Gabriel volvieron a ser mencionadas.

“Estamos aquí de nuevo, reviviendo y reabriendo heridas“, expresó Emily Carranza, quien era una de las personas allegadas a la víctima que estuieron presentes en la audiencia judicial.

En junio de 2021, el juez George G. Lomelí, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, denegó la primera petición de nueva sentencia que presentó Fernández.

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La decisión ocurrió tras una revisión de la petición y del expediente general del caso, según dijo el juez, quien señaló que la mujer había accedido a renunciar a todos sus derechos de apelación en el momento de declararse culpable en febrero de 2018.

“Su propia admisión durante su declaración de culpabilidad estableció que el asesinato fue intencional e implicó la infracción de tortura durante un periodo de varios meses”, declaró el juez Lomelí en la audiencia de junio de 2021.

En su apelación más reciente, la mujer hispana alegó que el abogado defensor designado por el estado le brindó una asistencia legal ineficaz y que fue coaccionada a firmar una declaración de culpabilidad.

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“Simplemente solicitamos examinar más a fondo el expediente, para ayudar al tribunal en cualquier resolución futura y representar a nuestro cliente de la mejor manera posible”, dijo el abogado defensor Joseph Markus.

Fernández expresó que había recibido ayuda con la nueva solicitud, en la que se indicaba que tiene problemas de comprensión y una comprensión verbal documentada propia de un alumno de segundo grado, además erróneamente creyó que su caso iría a apelación cuando firmó el acuerdo de culpabilidad.

Después de una audiencia que por momentos fue emotiva, el juez Lomelí, quien volvió a revisar su caso, rechazó nuevamente la solicitud de Fernández.

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“En definitiva, Gabriel importaba. Su vida importaba. Alguien le arrebató la vida. Y quienes la perdieron deben pasar el resto de sus vidas en prisión por lo que hicieron”, expresó el fiscal del condado de Los Ángeles, Jonathan Hatami.

Según los investigadores, Gabriel tenía 7 años cuando comenzó a ser víctima de abusos. El 22 de mayo de 2013, personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles acudió al domicilio familiar ras recibir un aviso de que el niño no respiraba.

Ese mismo día, Gabriel fue declarado con muerte cerebral y dos días después le retiraron el soporte vital.

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Pearl Fernández e Isauro Aguirre fueron arrestados y la indignación por la gestión del caso por parte de los trabajadores sociales, que tuvieron contactos con la familia derivó en una investigación sobre la participación de la agencia y en cargos penales contra dos extrabajadores sociales y sus dos supervisores.

Posteriormente, el caso fue desestimado después de que un panel de un tribunal de apelaciones estatal determinara que los cuatro trabajadores nunca tuvieron el deber de controlar a los abusadores ni la custodia de Gabriel a efectos del cargo de abuso infantil que se les imputaba.

“Quiero pedir disculpas a mi familia por lo que hice. Ojalá Gabriel estuviera vivo. Todos los días desearía haber tomado mejores decisiones”, dijo Fernández en una declaración previa a la audiencia de este lunes.

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El juez que llevó la audiencia de sentencia contra Fernández y Aguirre, en marzo de 2018, describió el caso como el más grave y atroz de tortura que el tribunal haya presentado jamás.

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