Proyecto de ley busca frenar demandas abusivas contra pequeños negocios

En Sacramento, se cocina un proyecto de ley que busca dar a los pequeños negocios la oportunidad de reparar cualquier deficiencia en el acceso a las personas con discapacidad relacionadas con la construcción, antes de ser demandados.

Se trata de la medida SB 84 del senador de Fair Oaks, Roger Niello, y que fue presentada el 17 de enero de 2025, con el objetivo de reducir las demandas abusivas contra las pequeñas empresas mediante el establecimiento de un “derecho a subsanar” las infracciones de accesibilidad relacionadas con la construcción. 

“Los propietarios de pequeñas empresas de California han sido blanco de demandas extorsivas durante demasiado tiempo. El proyecto de ley SB 84 constituye una excelente vía para remediar este problema, al tiempo que se sigue garantizando el acceso de las personas con discapacidad a los espacios públicos y se protege a los pequeños empresarios de demandas abusivas”, dijo Víctor Gómez, director ejecutivo de la organización California Citizens against Lawsuit Abuse (CALA).

“El abuso de los litigios tiene, además, un impacto abrumador en la economía, con un costo anual de $2.566,70 para cada californiano”, agregó.

Dijo que confía en que el Comité Judicial de la Asamblea impulse este proyecto de ley, brindando así a los propietarios de pequeñas empresas la certeza de que los negocios que crearon hace años estarán protegidos frente a este tipo de demandas chantajistas.

Concretamente esta medida prohíbe las reclamaciones de daños legales contra empresas con 50 empleados o menos, a menos que estas no corrijan las infracciones en un plazo de 120 días tras recibir una notificación formal.

Y responde a la preocupación de que la ley actual permite demandas abusivas que en realidad no mejoran la accesibilidad, sino que penalizan a los propietarios de pequeñas empresas con litigios inmediatos.

“Las personas con discapacidad merecen accesibilidad, y las empresas la oportunidad de remediar los problemas de cumplimiento antes de enfrentarse a severas consecuencias legales”, dijo el senador Niello.

Por tanto, comentó estar complacido de formar parte de la solución que fortalece los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo que se protege a las pequeñas empresas de demandas abusivas.

Cómo nace este proyecto

A partir de una oleada de demandas frívolas en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) dirigidas contra pequeñas empresas propiedad de minorías, diseñadas para intimidar a los propietarios y forzarlos a llegar a un acuerdo.

Las personas —a menudo con un acceso limitado a nuestro sistema legal— son más propensas a llegar a un acuerdo por miedo, incluso si el caso carece de fundamento.

Solo en 2021, en California se presentaron más demandas relacionadas con el acceso para personas con discapacidad que en los otros 49 estados juntos; además, aproximadamente el 92 % de todas las reclamaciones de accesibilidad son interpuestas por tan solo cinco bufetes de abogados.

Un proyecto de ley de dos años

El año pasado, el proyecto de ley SB 84 fue aprobado por unanimidad en el Senado Estatal, pero quedó estancado en el Comité Judicial de la Asamblea y se quedó a mitad del camino.

Como consecuencia, esta iniciativa de ley fue convertida en una medida de dos años, con un plazo límite en junio para que el comité asigne una fecha de audiencia.

Reacciones

La senadora demócrata de Pasadena, Sasha Renée Pérez dijo que muchos propietarios de negocios —especialmente aquellos provenientes de comunidades inmigrantes cuyo primer idioma no es el inglés— se han visto presionados a llegar a acuerdos en demandas infundadas por temor a perder todo aquello por lo que han trabajado. 

“El proyecto de ley SB 84 ofrece a las pequeñas empresas la oportunidad de resolver los problemas de cumplimiento de la ley ADA (ley de estadounidenses con discapacidades), al tiempo que garantiza una mejor experiencia para las personas con discapacidad”.

Por su parte, la senadora demócrata de Merced Anna M. Caballero declaró que este proyecto de ley bipartidista protege a las pequeñas empresas que son acusadas de no proporcionar un acceso adecuado y seguro para personas con discapacidad en sus instalaciones, tal como lo exige la ley estatal.

“Para ello, exige que se les notifique la infracción y se les brinde la oportunidad de subsanarla o corregirla antes de que pueda presentarse una demanda. Este beneficio del “derecho a subsanar” protegerá los derechos de las personas con movilidad reducida y reducirá los costosos gastos legales”.

Carga excesiva para pequeños negocios

De acuerdo a CALA, los californianos soportan ahora la quinta carga económica per cápita más alta del país derivada de los litigios civiles, y en áreas metropolitanas con una elevada tasa de demandas, como San Francisco, el costo se dispara hasta la asombrosa cifra de $4,651 por persona. 

“Aún más alarmante resulta el hecho de que se pierden más de 829,255 empleos cada año debido a la excesiva carga económica generada por los litigios. Estas cifras demuestran que las demandas frívolas no son meras teatralidades judiciales; por el contrario, asfixian la creación de empleo, la supervivencia de las pequeñas empresas y la vitalidad de la comunidad”, dijo el director de CALA.

Sostuvo que las pequeñas empresas cargan con una parte desproporcionada de este perjuicio. 

“La mayoría carece de los recursos necesarios para defenderse de demandas infundadas, viéndose obligadas a aceptar costosos acuerdos extrajudiciales o, lo que es peor, a cerrar sus puertas. Mientras tanto, son los consumidores y los contribuyentes quienes terminan pagando la factura”.

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