Arrestan en California a 4 miembros de una familia vinculados al Cártel de Sinaloa
Los cuatro acusados, además de un quinto hombre que sigue prófugo, enfrentan cargos por coordinar la venta de drogas y armas de fuego
Esta fotografía, incluida en la acusación formal, muestra un arma recuperada durante la investigación. Crédito: Department of Justice | Cortesía
Cuatro miembros de una familia, todos vinculados al Cártel de Sinaloa, fueron arrestados por agentes federales y acusados formalmente de 29 cargos por tráfico de grandes cantidades de drogas y armas de fuego.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que los detenidos son: José Luis Salazar-Cruz, de 44 años y residente de Lancaster; Alfonso Salazar, de 46 años y residente de Lancaster; Jorge Humberto Salazar, de 43 años y residente de Hesperia, y José Manuel Salazar, de 22 años y residente de Lancaster.
Mediante un comunicado de prensa se informó que José Luis, Alfonso y Jorge son hermanos, mientras que José Manuel es hijo de José Luis.
Además, un quinto hombre, José Ángel López Paniagua, de 23 años y residente de Littlerock, sigue prófugo.
El Departamento de Justicia explicó que los cinco coacusados enfrentan un cargo cada uno por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, conspiración para dedicarse al negocio de la venta de armas de fuego sin licencia y dedicarse al negocio de la venta de armas de fuego sin licencia.
Según la acusación, Salazar-Cruz era el cabecilla de la operación, utilizando diversos medios de comunicación y reuniones presenciales para coordinar la venta de narcóticos y armas de fuego entre febrero de 2024 y diciembre de 2025.
“Los demás acusados intermediaban en la venta de drogas y armas de fuego entre proveedores y clientes, y se reunían con estos últimos para vender drogas”, declaró el Departamento de Justicia. “Se realizaron múltiples ventas de drogas, a menudo de aproximadamente medio kilo de metanfetamina”.
De ser declarados culpables de los cargos, los acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y una pena máxima de cadena perpetua.
El caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos del gobierno federal, una iniciativa a nivel nacional que, según el Departamento de Justicia, busca “repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos”.
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