El Tesoro sanciona a casinos vinculados al crimen organizado, y a socios clave por nexos con el Cártel del Noreste
Las medidas alcanzan a dos casinos en Tamaulipas, un abogado de alto perfil y varios operadores que facilitaban las actividades ilícitas de esta organización
"El Departamento del Tesoro utilizará todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación de los cárteles violentos”, afirmó Scott Bessent. Crédito: Departamento del Tesoro | Cortesía
El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva contra las finanzas del crimen organizado al imponer sanciones a dos casinos en Tamaulipas, un abogado y un presunto operador de tráfico de migrantes, por sus supuestos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), una de las organizaciones criminales más violentas en la frontera con México.
La acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que ordenó el congelamiento de todos los bienes y activos de los señalados dentro de territorio estadounidense, además de prohibir a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos.
En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para frenar a los cárteles, a los que acusó de sembrar violencia y lucrar con actividades ilícitas como el tráfico de drogas y de personas.
Red financiera y operaciones ilícitas
Entre los sancionados figuran dos centros de apuestas operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA): el Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y el Diamante Casino, en Tampico. Según el Tesoro, estas instalaciones habrían sido utilizadas por el CDN para lavar dinero procedente del narcotráfico, además de servir como puntos logísticos para el almacenamiento de drogas como fentanilo y cocaína.
Las autoridades estadounidenses también señalaron que el Casino Centenario habría sido utilizado como “casa de seguridad” e incluso como espacio para actos de intimidación y violencia contra presuntos rivales del cártel.
Asimismo, la OFAC incluyó en la lista de sancionados al abogado Juan Pablo Penilla, a quien acusa de colaborar con líderes del crimen organizado, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, exlíder de Los Zetas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el litigante habría facilitado la comunicación del capo con la estructura criminal del CDN incluso mientras se encontraba bajo custodia en México.
Treviño Morales fue detenido en 2013 y extraditado a Estados Unidos en 2025, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delitos relacionados con armas de fuego.
Tráfico de personas y respuesta de México
Otro de los señalados es Eduardo Javier Islas, alias “Crosty”, identificado como presunto responsable de coordinar operaciones de tráfico de migrantes en Nuevo Laredo. Según Washington, el individuo actuaría como intermediario en el cruce irregular de personas hacia Texas y mantendría vínculos cercanos con mandos del CDN.
De manera paralela, el Gobierno de México informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intensificó sus propias investigaciones contra los implicados, tras detectar irregularidades en sus operaciones financieras.
La Secretaría de Hacienda detalló que se identificaron transferencias internacionales inusuales, movimientos significativos de efectivo y discrepancias entre los ingresos reportados y las actividades económicas declaradas, lo que apunta a posibles esquemas de lavado de dinero.
Como parte de estas acciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos financieros y fiscales, y compartió información con la Secretaría de Gobernación para proceder a la suspensión de actividades de los establecimientos involucrados.
Las autoridades mexicanas subrayaron que la coordinación con Estados Unidos busca cerrar espacios al financiamiento del crimen organizado y fortalecer los mecanismos de prevención dentro del sistema financiero.
El Cártel del Noreste, con fuerte presencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, ha sido designado por Washington como organización terrorista extranjera, en el marco de una estrategia más amplia para combatir a los grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera.
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