‘No quiero que se muera mi tío’ 

José Amaya, un reo encarcelado en la Prisión Estatal Desert en Susanville, California se debate entre la vida y la muerte. 

El 16 de enero ocurrió un pleito en el área de recreo de la prisión y un disparo proveniente de una torre de control le arrancó parte del cerebro. 

Según la denuncia presentada por el abogado Brad Gage de Brad Gage Law APC y Michael Quiroz, familiar de José, ahora su hermano lleva un casco puesto en la cabeza. 

Sin embargo, la vida de José, de 33 años, pende de un hilo, porque, de acuerdo con Gage y Quiroz, el recluso no está recibiendo la atención médica adecuada que necesita. 

“En lugar de brindarle las medidas necesarias para salvarle la vida, ahora José se encuentra en “el hoyo (celda de aislamiento)”. 

“Se le trata como a un animal. No está recibiendo el tratamiento ni la atención médica que necesita y merece”, dijo Gage, quien señaló que, como abogados, habitualmente buscan justicia en forma de compensación económica para las víctimas de agravios. 

“Pero lo verdaderamente importante y que resulta vital en este caso [de José Amaya] es que estamos exigiendo el tratamiento y la atención médica que pueden salvar la vida de un hombre”, añadió. 

José fue condenado por conspiración para cometer un asesinato. Presuntamente saldría libre en 2032. 

“Está en prisión; pero no se le impuso una cadena perpetua”, dijo el abogado. “José merece ser tratado como un ser humano, y no como un animal. Necesita recibir tratamiento médico; este no debe serle negado. Él posee derechos constitucionales que le garantizan el acceso a la atención médica”. 

El abogado Brad Gage, quien representa a la familia de José Amaya, incluyendo a su hermano Michael, a sus sobrinos, Sophia y Luke Quiroz e Isabel González, considera que no hay justificación para el disparo que recibió su cliente. 

Lo declararon muerto 

Como resultado directo del disparo que lo dejó inconsciente, parte del cráneo de José fue destrozado. Perdió el conocimiento e inicialmente fue declarado muerto, indica Gage en el reclamo legal enviado al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) en Susanville, en la prisión High Desert State Prison (HDSP). 

“Se afirmó que [José Anaya] no presentaba actividad cerebral”, dijo el abogado. “Los demandados querían desconectar el soporte vital y negaron el acceso a José a sus familiares. Esto fue contrario a sus derechos”. 

Sin embargo, el hermano de José logró impedir que desconectaran el soporte vital. 

José sobrevivió y recuperó la conciencia a pesar de haber sido declarado muerto. Le faltaba un trozo de cráneo. 

Michael Quiroz dijo que a su hermano le fue colocado un casco. Tiene la cabeza hundida y necesita una cirugía cerebral. 

“Los acusados fueron deliberadamente indiferentes a sus necesidades médicas. Le negaron la cirugía que necesitaba”, declaró el abogado. 

A pesar de haber sobrevivido al tiroteo perpetrado por un guardia penitenciario que lo dejó sin parte del cráneo, José se encuentra actualmente en régimen de aislamiento y no está recibiendo la atención adecuada. 

“Los acusados han tomado represalias contra José, amenazando con trasladarlo y negarle una posible cirugía cerebral que podría salvarle la vida, en represalia por haber contratado un abogado. José ha sido amenazado con violencia física si no acepta el traslado y la negación de la posible cirugía que podría salvarle la vida’, señala la misiva enviada a las autoridades penitenciarias. 

A juicio de los demandantes, las autoridades penitenciarias podrían haber actuado con indiferencia deliberada ante las necesidades médicas de Amaya, sus derechos civiles y su derecho a vivir su vida como un ser humano digno, con su cráneo íntegro y reconstruido mediante cirugía. 

“Esa es la razón mucho más importante que el simple dinero; se trata de la vida de un hombre y de la necesidad de brindarle tratamiento médico”, reiteró Gage, quien dio a conocer que, mientras José Amaya ha estado encarcelado, su madre murió. 

“A los 18 años, mi hermano cometió un error. Fue sentenciado, pero no fue sentenciado a muerte”, declaró Michael Quiroz. “Extraño a mi hermano. Merece vivir. Quisiera que volviera a casa”. 

¿Cómo pueden obligar al Estado a actuar cuando no hay ningún caso judicial pendiente? Es decir, ¿qué mecanismo tienen para abogar en nombre de la familia y lograr que hagan lo que sea que deban hacer? 

“En primer lugar, queremos concienciar a la opinión pública. Y eso es precisamente lo que esto puede lograr: generar conciencia y llamar la atención de aquellas personas que tienen el poder de actuar correctamente”, dijo el abogado Gage. 

“También queremos recordar al Estado y al sistema penitenciario que existe un mandato constitucional que les exige proporcionar la atención médica necesaria, y que incurren en responsabilidad si muestran una indiferencia deliberada ante las necesidades médicas de una persona privada de libertad”, añadió. “Esto constituye una violación de los derechos civiles, y es un motivo por el cual podemos interponer una demanda”. 

De la misma manera, el representante legal de José Amaya y sus familiares quieren asegurarse de que “no incurran en castigos crueles e inusuales”. 

“No somos un país que crea en la tortura. Somos un país regido por normas y reglamentos; un país que exige que, cuando los reclusos se encuentran en la cárcel o en prisión, reciban una atención médica pronta, justa y necesaria. Nadie merece morir lentamente ni sufrir como un animal”. 

Para los niños, no contar con su tío José en el día a día es difícil. 

“No quiero que muera mi tío”, dijo temblorosa y en medio del llanto la pequeña Sophia. 

Kyle Buis, oficial de información pública, en la oficina de comunicaciones de atención médica del CDCR respondió a La Opinión que no podía hacer comentarios sobre litigios pendientes. 

Si embargo, dio a conocer que José Amaya, de 33 años, fue recibido [en la prisión de Sunsaville] del condado de Riverside el 16 de noviembre de 2015. 

“Fue sentenciado a 26 años y cuatro meses por agresión con arma mortal con un agravante por causar lesiones corporales graves; por impedir o disuadir a una víctima o testigo bajo circunstancias específicas; por agresión con fuerza susceptible de producir lesiones corporales graves; por posesión de parafernalia, drogas o alcohol en una cárcel o prisión; y por agresión con arma mortal”. 

“Amaya recibió 1,418 días de crédito por tiempo cumplido antes de la sentencia y era elegible para oportunidades de acumulación de créditos. 

No obstante, no se refirió a preguntas sobre la condición física ni atención medica que se le estaría proporcionando a Amaya. 

Muertes en las cárceles y prisiones de California 

Una investigación de CalMatters muestra que, entre 2011 y 2022, al menos 2,312 personas fallecieron mientras estaban en custodia en las cárceles de California. 

Si bien los datos a nivel estatal sobre muertes específicas ocurridas exclusivamente en prisiones durante los últimos 10 años no se encuentran totalmente consolidados en los resultados de búsqueda, diversos informes indican que el número de fallecimientos en las cárceles de California ha aumentado, alcanzando un máximo de 215 en 2022, a pesar de la disminución en la población reclusa. 

Entre los detalles clave relativos a las muertes bajo custodia, cabe destacar los siguientes: 

Cárceles del sur de California: Entre enero de 2020 y noviembre de 2025, un total de 478 personas fallecieron en las cárceles del sur de California (en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino). 

Cárceles del condado de Los Ángeles: Desde principios de 2023 y hasta abril de 2026, 136 personas han fallecido en las cárceles del condado de Los Ángeles. 

Principales causas: Las causas primarias de muerte son las causas naturales, seguidas de los homicidios perpetrados por las fuerzas del orden, los suicidios y las muertes accidentales (incluidas las sobredosis de fentanilo). 

Tendencias al alza: A pesar de la disminución en la población carcelaria general, el número de muertes en las cárceles de California aumentó de 130 en 2006 a 156 en 2020, según una auditoría realizada en 2022. 

Estas cifras engloban tanto a las prisiones estatales como a las cárceles locales de los condados, prestándose una atención cada vez mayor al repunte de fallecimientos en los centros penitenciarios del sur de California.