Organizaciones migratorias y ambientales celebran cierre de “Alligator Alcatraz”, pero denuncian secuelas permanentes
La noticia del fin de las operaciones ha desatado una ola de celebración entre activistas ambientales y defensores de los derechos de los inmigrantes
Fotografía del 17 de mayo de 2026 de personas participando en una manifestación a favor del cierre del centro de detención 'Alligator Alcatraz' en la Reserva Nacional Big Cypress, en Florida. Crédito: Alberto Boal | EFE
Organizaciones defensoras de inmigrantes y grupos ambientalistas celebraron el inminente cierre del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, en el corazón de los Everglades de Florida, aunque advirtieron que el complejo deja un legado de presuntos abusos contra migrantes y daños ecológicos que consideran “irreparables”.
El centro, promovido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. Medios estadounidenses reportaron que las operaciones del sitio concluirían en junio debido a los altos costos de mantenimiento, estimados en más de un millón de dólares diarios.
A pesar de ello, DeSantis defendió recientemente la inversión estatal al asegurar que el centro ayudó a procesar y deportar a unas 22,000 personas migrantes desde su apertura en 2025.
Activistas que durante casi diez meses han realizado vigilias semanales frente al complejo afirmaron que el cierre representa apenas un primer paso. María Bilbao, coordinadora de campañas del American Friends Service Committee, sostuvo que aún falta una investigación exhaustiva sobre las condiciones dentro del lugar.
“Es una victoria, pero esto no termina aquí”, afirmó Bilbao al señalar que familias denunciaron traslados nocturnos, falta de información y presuntas emergencias médicas dentro del recinto. “Tiene que haber rendición de cuentas”.
Cuestionan falta de transparencia y altos costos
La polémica sobre “Alligator Alcatraz” aumentó después de que registros revisados por medios locales indicaran que el centro mantenía una población promedio cercana a 1,400 detenidos diarios. Según datos de ICE citados por defensores, casi el 60% de las personas retenidas fueron clasificadas como “sin amenaza” para la seguridad pública, al no tener antecedentes criminales.
Entre las familias afectadas está la de Justo Betancourt, un inmigrante cubano de 54 años detenido tras acudir a una cita rutinaria con autoridades migratorias. Su hija, Arianne Betancourt, relató que su padre fue trasladado entre varios centros, incluso fuera del estado, antes de regresar nuevamente a Florida.
La familia ahora exige una investigación independiente sobre el trato recibido por los detenidos. “Hay que exigir responsabilidades”, expresó.
Mientras tanto, críticos del proyecto cuestionan el uso de recursos públicos para financiar el centro. Autoridades estatales esperan recibir más de 600 millones de dólares en reembolsos federales, aunque estimaciones señalan que el costo total podría superar los 1,100 millones de dólares para el verano.
DeSantis rechazó las críticas y defendió el gasto al argumentar que el endurecimiento migratorio ha evitado costos mayores para los contribuyentes estadounidenses.
Ambientalistas advierten daño permanente en los Everglades
Además de las denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, grupos ambientalistas aseguran que el complejo dejó afectaciones severas en los Everglades, una de las reservas ecológicas más importantes de Estados Unidos.
Friends of the Everglades, que lidera una demanda contra el estado, denunció que la construcción incluyó la instalación de extensas áreas de asfalto y la alteración de hábitats protegidos, incluyendo zonas donde habita la pantera de Florida, especie en peligro de extinción.
Eve Samples, directora ejecutiva de la organización, sostuvo que el proyecto se desarrolló “sin transparencia” desde el inicio. Según explicó, el estado no habría realizado evaluaciones ambientales públicas antes de iniciar las obras.
“Esto no será una victoria para los Everglades hasta que se repare completamente el daño causado”, afirmó Samples.
La American Civil Liberties Union también mantiene acciones legales relacionadas con denuncias de condiciones “inhumanas” y falta de acceso adecuado a representación legal dentro del centro.
Para algunos activistas, el cierre del complejo no representa el final del problema migratorio en Florida. Yurina Gil, inmigrante cubana y aspirante demócrata al Congreso federal por el distrito 26, pidió que el sitio se convierta en un memorial que recuerde el trato recibido por cientos de migrantes.
“Tampoco podemos olvidar que existen muchos otros centros de detención donde continúan ocurriendo situaciones similares”, advirtió.
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