Tribunal protege a inmigrantes víctimas de abuso frente a arrestos y deportaciones
La justicia suspendió medidas de Trump que permitían detener y expulsar a víctimas inmigrantes
Organizaciones migrantes celebran fallo que devuelve protección temporal a miles de familias. Crédito: Andrés Kudacki | AP
Un juez federal de California bloqueó temporalmente una política de la administración Trump que permitía detener y deportar a inmigrantes víctimas de violencia doméstica, trata de personas y otros delitos graves, incluso cuando tenían solicitudes migratorias pendientes.
La decisión fue emitida por un tribunal del Distrito Central de California dentro de la demanda colectiva Centro de Inmigración para Mujeres y Niños vs. Mullin, presentada por organizaciones como el Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, Public Counsel, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) y La Raza Centro Legal.
De acuerdo con el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá restablecer de forma provisional las protecciones migratorias para solicitantes de visas U, T y amparos bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), mientras avanza el litigio.
La resolución también ordena permitir el regreso a Estados Unidos de tres inmigrantes que habían sido deportados pese a contar con procesos migratorios activos.
Historias que encendieron la demanda
Uno de los casos citados en la demanda es el de Carmen F., una mujer víctima de violencia doméstica que había denunciado a su agresor. Según documentos judiciales, ICE la detuvo junto a su hijo pequeño durante una cita migratoria programada y posteriormente ambos fueron deportados.
Al llegar a su país de origen, su presunto agresor la esperaba en el aeropuerto y la obligó a regresar con él.
“El gobierno no puede arrestar, detener y deportar a sobrevivientes inmigrantes que legalmente tienen derecho a permanecer en este país”, afirmó Rebecca Brown, abogada del proyecto de derechos migratorios de Public Counsel.
Las organizaciones denunciaron que las nuevas políticas eliminaban protecciones históricas diseñadas por el Congreso para incentivar que las víctimas denunciaran delitos sin temor a ser expulsadas del país.
Críticas a la política migratoria
El fallo representa un revés para la estrategia migratoria impulsada durante el segundo mandato de Trump, marcada por el endurecimiento de detenciones y deportaciones.
“El sistema migratorio no puede ignorar la Constitución ni las leyes aprobadas por el Congreso”, declaró Bardis Vakili, director legal del Center for Human Rights & Constitutional Law.
Por su parte, Angelica Salas, directora de CHIRLA, aseguró que la administración estaba castigando a personas que colaboraban con las autoridades para denunciar abusos y delitos.
La decisión judicial tiene alcance nacional y protege temporalmente a miles de inmigrantes con solicitudes pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
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