Gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal sí perdieron sus visas, confirma medio
Fuentes del Departamento de Estado confirmaron que las visas de los gobernadores morenistas se encuentran formalmente revocadas en el sistema consular de EE.UU.
Fuentes oficiales precisaron que ambos políticos conservan físicamente los plásticos debido a que no han intentado cruzar por los puertos fronterizos tradicionales, donde les serían retenidos Crédito: Facebook Américo Villarreal | Cortesía
En lo que representa una nueva sacudida para la política mexicana y las relaciones bilaterales, fuentes del Departamento de Estado confirmaron que las visas de los gobernadores mexicanos del partido Morena Alfonso Durazo Montaño (Sonora) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas) se encuentran formalmente revocadas en el sistema consular de este país.
Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que ambos conservarían físicamente los documentos debido a que no han intentado ingresar recientemente a territorio estadounidense, situación que impediría a las autoridades retirarles el documento de manera directa.
La revelación, confirmada inicialmente por el semanario ZETA de Tijuana, contradice de manera tajante las enérgicas negativas públicas emitidas por ambos mandatarios estatales, quienes rechazaron públicamente las versiones que aseguran que el gobierno de Estados Unidos les revocó sus visas como parte de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Las negativas de ambos mandatarios ocurrieron el mismo día en que diversos reportes periodísticos señalaron que autoridades estadounidenses mantienen indagatorias abiertas sobre funcionarios mexicanos y que, en algunos casos, dichas investigaciones han derivado en restricciones migratorias.
Si se confirma oficialmente esa condición migratoria, Durazo y Villarreal se sumarían a una lista de funcionarios mexicanos vinculados a Morena que han enfrentado medidas similares en los últimos años. Entre ellos figura la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien reconoció en 2025 que su visa estadounidense había sido cancelada.
Gobernadores rechazan acusaciones y exigen pruebas
Durante una conferencia de prensa en Sonora, Durazo calificó los señalamientos como una “infamia” y aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con una investigación o con la revocación de su visa.
El mandatario sostuvo que ha actuado con transparencia durante toda su trayectoria pública y afirmó que las publicaciones carecen de evidencia verificable. Asimismo, señaló que correspondería a las autoridades estadounidenses aclarar cualquier información que involucre su nombre.
Por separado, Villarreal difundió un mensaje en video en el que rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que no existe ningún procedimiento judicial, imputación formal o comunicación oficial de autoridades de México o Estados Unidos que respalde las versiones difundidas en medios de comunicación.
El gobernador tamaulipeco sostuvo que las acusaciones son falsas y criticó la difusión de señalamientos que, según dijo, carecen de pruebas documentales.
Las versiones publicadas señalan que Durazo sería objeto de una investigación relacionada con presuntos nexos con grupos criminales, mientras que Villarreal estaría siendo investigado por supuestas actividades vinculadas al contrabando de combustibles, conocido en México como “huachicol”.
Presión creciente de Washington sobre funcionarios mexicanos
La controversia se desarrolla en un contexto de creciente presión del gobierno del presidente Donald Trump contra organizaciones criminales mexicanas y presuntos colaboradores dentro de estructuras políticas.
Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha impulsado una estrategia más agresiva contra los cárteles del narcotráfico, incluyendo la designación de varias organizaciones como grupos terroristas y el fortalecimiento de investigaciones transfronterizas.
Reportes previos de medios internacionales han señalado que decenas de políticos y funcionarios mexicanos habrían enfrentado restricciones migratorias o revisiones de sus visas por parte de autoridades estadounidenses, aunque muchos de esos casos no han sido confirmados oficialmente.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que corresponde a los gobernadores aclarar su situación ante la opinión pública, pero también cuestionó la filtración de información relacionada con posibles medidas migratorias adoptadas por Washington.
La mandataria sugirió que la divulgación de estos reportes podría responder a intereses políticos y pidió analizar el contexto en el que se hacen públicos.
Mientras tanto, ni el Departamento de Estado ni otras agencias estadounidenses han emitido una confirmación oficial sobre la situación migratoria de Durazo o Villarreal, por lo que las versiones continúan siendo objeto de debate tanto en México como en Estados Unidos.
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