Organizaciones opositoras impulsan plan legal para una transición democrática en Cuba
El proyecto define la transición como un período de dos años desde la caída del sistema comunista hasta la celebración de comisiones generales libres en la isla
El anuncio fue realizado en Miami por representantes del denominado Acuerdo de Liberación y de la Asociación de Abogados Cubano-Americanos (CABA, por sus siglas en inglés). Crédito: Pedro Pablo Cortés | EFE
Organizaciones opositoras cubanas radicadas en Estados Unidos anunciaron una nueva alianza con juristas del exilio para diseñar la estructura legal que, según sus promotores, serviría de base para una eventual transición democrática en Cuba.
La iniciativa busca preparar desde ahora las normas, instituciones y mecanismos jurídicos que podrían ponerse en marcha en caso de un cambio político en la isla. El anuncio fue realizado en Miami por representantes del denominado Acuerdo de Liberación y de la Asociación de Abogados Cubano-Americanos (CABA, por sus siglas en inglés), quienes informaron del inicio de una campaña de reclutamiento dirigida a abogados, jueces, académicos y estudiantes de Derecho tanto dentro de Cuba como en la diáspora.
Durante la presentación, la activista cubana Rosa María Payá afirmó que el objetivo es anticipar los desafíos institucionales que enfrentaría el país en un escenario de transición. “Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática antes incluso de que cambie el régimen”, señaló Payá. Según explicó, la coalición pretende desarrollar herramientas legales que permitan responder desde el primer día a cuestiones relacionadas con la liberación de presos políticos, la reorganización de las instituciones públicas y el restablecimiento del Estado de derecho.
Preparan una estructura legal para una eventual transición
La colaboración con CABA contempla tres líneas principales de trabajo. La primera consiste en actualizar y adaptar un proyecto de Ley de Transición elaborado hace más de una década por juristas cubanoamericanos. La segunda busca crear una red de especialistas legales que puedan asesorar a un eventual gobierno provisional. La tercera contempla incorporar expertos jurídicos a las distintas comisiones de trabajo del Acuerdo de Liberación.
De acuerdo con los organizadores, la preparación jurídica forma parte de una hoja de ruta que contempla cuatro etapas: liberación, estabilización, reconstrucción y democratización. El plan plantea la restauración de la independencia judicial, la celebración de elecciones multipartidistas y la reconstrucción de las instituciones democráticas. Asimismo, propone el fortalecimiento de garantías fundamentales como la libertad de expresión, asociación, prensa y religión.
El presidente de CABA, Jordi Martínez-Cid, señaló que la organización está dispuesta a aportar la experiencia legal necesaria para respaldar una transición “ordenada, justa y duradera”. “El Estado de derecho no surge de manera espontánea. Debe construirse sobre bases sólidas”, expresó durante la conferencia.
Expectativas de cambio y respaldo desde el exilio
Los promotores de la iniciativa consideran que la comunidad cubana en el exterior puede desempeñar un papel clave en el diseño institucional de una futura Cuba democrática. Payá destacó que la diáspora cuenta con profesionales especializados en diversas áreas y afirmó que la experiencia acumulada fuera de la isla podría contribuir a la reconstrucción del país.
La activista también manifestó que la coalición mantiene expectativas de que durante 2026 puedan producirse cambios políticos significativos en Cuba. En ese contexto, mencionó el respaldo de figuras de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio a las políticas de presión contra el gobierno cubano.
Por su parte, el opositor José Daniel Ferrer calificó la iniciativa como un paso importante para preparar las condiciones institucionales de una eventual transición. A su juicio, cualquier proceso de cambio requerirá un marco jurídico capaz de garantizar la independencia de poderes y la protección de los derechos ciudadanos.
El Acuerdo de Liberación fue firmado en marzo por diversos grupos opositores y organizaciones del exilio. Sus impulsores sostienen que el objetivo es coordinar esfuerzos políticos, sociales y técnicos para diseñar una ruta de transformación democrática que incluya reformas legales, recuperación económica y fortalecimiento institucional en una Cuba posterior al actual sistema de gobierno.
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