Departamento de Justicia demanda al estado de Colorado por ofrecer matrícula estatal a inmigrantes
DOJ sostiene que leyes estatales violan la legislación federal al otorgar beneficios educativos y ayuda financiera a estudiantes sin estatus migratorio legal
El gobierno federal argumenta que las políticas estatales crean incentivos para la inmigración irregular. Crédito: Jack Dempsey | AP
El Departamento de Justicia presentó este miércoles una demanda contra el estado de Colorado para impugnar sus leyes que permiten a estudiantes inmigrantes sin estatus legal acceder a matrículas con tarifas de residente y a programas de ayuda financiera en universidades públicas, al considerar que dichas disposiciones contravienen la legislación federal y discriminan a ciudadanos estadounidenses.
La acción judicial forma parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para eliminar beneficios estatales destinados a personas que se encuentran sin documentos en el país y constituye la decimocuarta demanda federal presentada con este objetivo desde el inicio de la ofensiva legal.
En la demanda, el gobierno federal sostiene que las leyes de Colorado obligan a las instituciones de educación superior a ofrecer matrícula con costo de residente a extranjeros que acrediten vivir en el estado, independientemente de su situación migratoria, además de permitirles acceder a becas y asistencia financiera financiadas con recursos estatales.
El fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. afirmó que el caso gira en torno al cumplimiento de una norma federal vigente desde hace tres décadas.
“Durante tres décadas, el Congreso ha dejado claro que los estados no pueden brindar beneficios educativos a inmigrantes sin estatus legal a menos que esos mismos beneficios estén disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses”, declaró Woodward.
El funcionario agregó que, a juicio del gobierno federal, “al otorgarles a los inmigrantes la matrícula estatal, Colorado está violando la ley federal y subsidiando la educación de inmigrantes sin estatus legal a expensas de los contribuyentes”.
Por su parte, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia, sostuvo que el litigio representa un asunto de estricta interpretación legal.
“Se trata de una simple cuestión de derecho federal: las universidades no pueden ofrecer beneficios a estudiantes sin estatus legal que no ofrezcan a ciudadanos estadounidenses”, afirmó. “Este Departamento de Justicia no tolerará que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país”.
El gobierno basa su demanda en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA), que establece que un estado no puede conceder beneficios de educación superior basados en la residencia a inmigrantes sin autorización legal, salvo que esos mismos beneficios estén disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses, sin importar el estado donde residan.
La demanda solicita al tribunal prohibir la aplicación de las leyes de Colorado relacionadas con la matrícula estatal preferencial y también impedir que continúe otorgando becas y asistencia financiera a estudiantes indocumentados.
El litigio contra Colorado se suma a una serie de acciones similares emprendidas por el Departamento de Justicia contra estados gobernados por administraciones que mantienen programas de acceso universitario para estudiantes indocumentados.
De acuerdo con la dependencia, ya obtuvo resoluciones favorables en Texas, Kentucky, Oklahoma y Nebraska, mientras permanecen litigios abiertos contra Illinois, Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island y Maryland.
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