Colorado busca obligar a GEO a permitir ingreso a centro de detención de inmigrantes por un caso de tuberculosis
Según datos del Departamento de Salud de Adams, GEO Group ha obstaculizado los protocolos de revisión obligatorios al centro de detención de inmigrantes
La controversia ha escalado a los tribunales y a la legislatura estatal, donde funcionarios buscan aplicar una "Orden de Salud Pública del Pueblo" e imponer severas sanciones económicas si la compañía insiste en cerrar sus puertas. Crédito: David Zalubowski/ Archivo | AP
Legisladores y funcionarios de Colorado buscan obligar a GEO Group a permitir el ingreso de investigadores de salud pública a un centro de detención de inmigrantes en Aurora, luego de que se reportara un caso de tuberculosis y las autoridades locales advirtieran que no han podido determinar si otras personas estuvieron expuestas.
La iniciativa, que podría permitir al fiscal general estatal imponer multas de hasta $50,000 por cada negativa de acceso, pretende resolver el enfrentamiento entre las autoridades sanitarias y la empresa privada que opera el centro bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso fue reportado a principios de junio. Según las autoridades, una persona detenida dio positivo a tuberculosis y habría tenido contacto con otras 61 personas. Sin embargo, el Departamento de Salud del Condado de Adams sostiene que no cuenta con información suficiente para determinar si hubo nuevos contagios.
Miriam Ordóñez Rodríguez, de American Friends Service Committee (AFSC), pidió al gobernador Jared Polis y al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado que actúen de inmediato. “Es necesario que GEO Group rinda cuentas ante nosotros y cumpla con las leyes locales y estatales”, afirmó.
Autoridades denuncian falta de información sobre posibles contagios
El Departamento de Salud del Condado de Adams asegura que sus investigadores no han podido ingresar al centro para realizar una investigación epidemiológica completa. Michael Ruddock, asesor principal de políticas públicas del condado, calificó la situación como inusual y dijo que las autoridades se han encontrado con “importantes dificultades” debido a la falta de cumplimiento del centro.
Kelly Weidenbach, directora ejecutiva del departamento de salud, señaló que la legislación estatal obliga a investigar los casos de tuberculosis una vez que son reportados. “Cuando las autoridades de salud pública tienen conocimiento de un caso de tuberculosis notificado o sospechoso, la investigación no es opcional”, declaró.
De acuerdo con la cronología del condado, GEO informó del caso a comienzos de junio. Posteriormente, las autoridades solicitaron información y acceso al centro, pero la compañía remitió las comunicaciones a sus abogados. El 25 de junio, el condado emitió una orden de salud pública. Aunque GEO entregó información parcial sobre las personas que pudieron haber estado expuestas, las autoridades consideraron que los datos no eran suficientes para completar la investigación.
Legisladores presionan mientras continúa disputa en tribunales
La preocupación se extendió al gobierno estatal. Elizabeth Velasco, legisladora demócrata y promotora de la medida que contempla las multas, pidió al fiscal general Phil Weiser que considere sanciones civiles contra GEO. La empresa, entretanto, mantiene una disputa legal con el estado y cuestiona la autoridad de Colorado para acceder a sus instalaciones. Un juez federal debe pronunciarse sobre la solicitud de GEO para suspender la aplicación de la nueva legislación.
Wendy Bamberg, directora médica del Condado de Adams, sostuvo que la investigación continúa siendo necesaria incluso si actualmente no existen casos activos dentro del centro. “Necesitamos poder hacer un seguimiento de las personas expuestas”, explicó.
Rachel Herlihy, epidemióloga jefa de Colorado, reconoció que las autoridades estatales siguen preocupadas porque carecen de información suficiente para evaluar el nivel de riesgo. El senador federal John Hickenlooper también respaldó las acciones contra GEO y acusó a ICE de intentar “encubrir un brote de tuberculosis” en la instalación, una afirmación que refleja la creciente tensión política alrededor del caso.
Mientras el proceso judicial continúa, las autoridades sanitarias sostienen que necesitan acceso al centro para identificar a las personas potencialmente expuestas, verificar quiénes fueron sometidos a pruebas y conocer sus resultados.
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