DOJ demanda a Nueva York, Connecticut y Vermont por ayudas a inmigrantes
El Departamento de Justicia busca bloquear leyes que permiten a estudiantes sin estatus legal acceder a matrículas estatales
El Departamento de Justicia afirmó que las leyes "discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos". Crédito: George Walker IV | AP
El Departamento de Justicia (DOJ) abrió un nuevo frente contra las políticas estatales que benefician a estudiantes sin estatus migratorio legal. Este lunes presentó demandas contra Nueva York, Connecticut y Vermont para intentar bloquear leyes que les permiten acceder a matrículas universitarias con tarifa de residente y, en algunos casos, a apoyos económicos estatales.
Las tres demandas sostienen que estas medidas violan la legislación federal porque, según el DOJ, ofrecen beneficios a personas indocumentadas que no están disponibles bajo las mismas condiciones para ciudadanos estadounidenses que viven fuera de esos estados.
El Departamento de Justicia afirmó que las leyes “discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos” y que “crean incentivos para la inmigración irregular y recompensan a los extranjeros indocumentados con prestaciones”. Por ello, pidió a los tribunales que impidan la aplicación de estas normas.
La ofensiva forma parte de una estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump contra las llamadas políticas de “equidad de matrícula”, que permiten a ciertos estudiantes indocumentados pagar lo mismo que los residentes del estado en universidades públicas.
El caso de Nueva York tiene un alcance mayor que el simple pago de matrícula. Las leyes estatales permiten que determinados estudiantes sin estatus migratorio legal puedan acceder a becas y subvenciones estatales para financiar sus estudios superiores.
La medida no se limita a personas indocumentadas. También contempla a estudiantes con visa U, destinada a determinadas víctimas de delitos, visa T, para víctimas de trata, y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Además, existen requisitos de residencia educativa. Entre ellos, haber terminado la preparatoria en Nueva York y haberse inscrito en una institución de educación superior dentro de los cinco años posteriores a la graduación.
En Connecticut, una ley aprobada en 2011 permite que determinados estudiantes indocumentados que viven en el estado paguen la matrícula correspondiente a residentes. Uno de los requisitos es haber cursado y terminado la preparatoria en Connecticut.
La normativa de Vermont también permite que estudiantes que cumplen con los requisitos de residencia accedan a tarifas estatales sin que su situación migratoria sea, por sí sola, un motivo para excluirlos. La legislación estatal, además, contempla el acceso a programas de ayuda financiera financiados por el estado para residentes que cumplan con los demás requisitos.
El argumento central del gobierno federal se apoya en una disposición de la ley migratoria de 1996 que establece restricciones para que los estados concedan beneficios de educación superior a personas que no se encuentran legalmente en Estados Unidos cuando esos mismos beneficios no están disponibles para ciudadanos estadounidenses sin importar su lugar de residencia. El DOJ ha utilizado esa norma como base en otras demandas.
Una batalla que ya alcanza a 17 estados
Las nuevas demandas elevan a 17 las acciones judiciales emprendidas por el Departamento de Justicia contra estados y jurisdicciones que mantienen políticas similares.
La administración federal ya consiguió avances en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois, donde tribunales han bloqueado o cuestionado programas que permitían a estudiantes indocumentados acceder a tarifas de matrícula para residentes. En Illinois, por ejemplo, un juez federal determinó en julio que una ley estatal que concedía ese beneficio era inconstitucional bajo el argumento de que los ciudadanos de otros estados no recibían el mismo trato. El caso afecta a una política que había estado vigente durante más de dos décadas.
El DOJ también mantiene litigios contra Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland y Colorado. En junio, el departamento presentó demandas similares contra Massachusetts y Rhode Island y sostuvo que esas leyes daban un trato preferencial a personas que se encuentran ilegalmente en el país.
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