Gerardo Mérida Sánchez deja prisión en Nueva York: ¿está cooperando con fiscales? 

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa enfrenta cargos que podrían imponerle una condena de cadena perpetua

Gerardo Mérida Sánchez dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras permanecer bajo custodia desde mayo.

Gerardo Mérida Sánchez dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras permanecer bajo custodia desde mayo. Crédito: Iván Medina | EFE

El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecía desde mayo, mientras su defensa negocia con fiscales estadounidenses un posible acuerdo de cooperación que podría convertirlo en informante de Estados Unidos.

De acuerdo con el registro del Buró Federal de Prisiones (BOP), Mérida Sánchez dejó la prisión el 11 de agosto, después de casi tres meses bajo custodia. Su salida ocurre mientras permanece abierto el proceso penal en su contra por presuntos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

La audiencia prevista para el 4 de agosto fue pospuesta y la jueza federal Katherine Polk Failla todavía no ha establecido una nueva fecha.

La posibilidad de que Mérida Sánchez coopere con las autoridades estadounidenses ya había sido señalada desde las primeras semanas del proceso, incluso, versiones periodísticas aseguran que desde julio el exfuncionario enfrentaba dos opciones: negociar con los fiscales federales o llevar el caso a juicio. Un eventual acuerdo podría incluir beneficios en la sentencia a cambio de información relevante para las investigaciones.

Mérida Sánchez enfrenta cargos federales por narcotráfico y armas en Estados Unidos.
Crédito: BOP | Cortesía

Mérida Sánchez, de 66 años, fue detenido el 11 de mayo en Arizona, después de ingresar a Estados Unidos por la garita de Nogales. Posteriormente fue trasladado a Nueva York.

El Departamento de Justicia y la DEA lo acusaron, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ese tipo de armamento.

La DEA informó que estos delitos pueden implicar una pena mínima obligatoria de 40 años y hasta cadena perpetua.

Mérida Sánchez se declaró no culpable de los cargos en su primera comparecencia.

La acusación sostiene que, durante su gestión como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, recibió más de $100,000 dólares mensuales en efectivo de “Los Chapitos”.

El Departamento de Justicia sostiene que Mérida habría alertado al grupo criminal sobre al menos 10 operativos contra laboratorios de drogas durante 2023, lo que habría permitido retirar personal, drogas y equipo antes de las intervenciones de las autoridades. 

El caso forma parte de una investigación federal del Distrito Sur de Nueva York que también involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios y exfuncionarios.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal y revelada el 29 de abril de 2026. La DEA señaló que los acusados presuntamente colaboraron con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.

Mérida Sánchez llegó a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Dejó el cargo en diciembre de 2024, después de una trayectoria de varias décadas en el Ejército Mexicano.

Su entrega a las autoridades estadounidenses fue voluntaria. El Gabinete de Seguridad de México informó entonces que ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, y cruzó por Nogales, Arizona, donde quedó bajo custodia de los alguaciles federales.

Ahora, su salida del centro penitenciario de Brooklyn abre una nueva etapa del proceso. El hecho de que haya dejado la prisión no significa que haya sido absuelto ni que los cargos hayan sido retirados. Tampoco existe, hasta ahora, confirmación pública de que haya cerrado un acuerdo formal de cooperación con los fiscales.

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