Exigirán a estados donde se apoya con recursos a familias vulnerables compartir su estatus migratorio
El Departamento de Justicia pretende detectar a más inmigrantes carentes de estatus legal a través de los programas de ayuda que reciben en algunos estados
El Departamento de Justicia pretende que los estados brinden información sobre el estatus migratorio de quienes se benefician de los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Crédito: Andrew Harnik | AP
El Departamento de Justicia (DOJ) comenzará a presionar a los estados que reciben fondos federales para apoyar a familias de bajos ingresos a compartir su estatus migratorio.
Derivado de una nueva interpretación legal, la Oficina de Asesoría Jurídica, la cual orienta al fiscal general, dio a conocer a través de un comunicado que presionará a las entidades donde se reciben recursos federales para reasignarlos a programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), a compartir la información migratoria de todos estos grupos, pues el objetivo es detectar si cuentan con algún documento para avalar su estancia en el territorio estadounidense.
Cabe señalar que legalmente todos los estados están obligados a informarle al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre cualquier persona carente de estatus legal detectada en el país y más todavía si es beneficiaria de algún programa de apoyo.
Sin embargo, las entidades actualmente gobernadas por demócratas pasan por alto dicho deber y no suelen compartir ningún tipo de información que afecte a los inmigrantes carentes de estatus legal.
No obstante, se pretende que eso cambie en poco tiempo, pues ya no sólo se presionará a las agencias que administran los beneficios de TANF y SSI, sino a todos los gobiernos estatales sin importar la inclinación política que tengan.
Con el retorno de Donald Trump a la presidencia arrancó una cruzada dirigida a lograr la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal de toda la historia.
El primer paso para cumplir con dicha meta fue brindarle mayor autoridad y recursos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para operar en estados a donde no solía llegar anteriormente.
Además, se estableció una aplicación para inscribirse a un programa de deportaciones voluntarias a cambio de recibir un boleto de avión y dinero.
A partir de ello se logró que hasta marzo más de 450,000 inmigrantes salieran de Estados Unidos, pero la cantidad resulta inferior a lo proyectado y de ahí surgió la iniciativa de detectar a quienes continúan recibiendo ayuda a través de apoyos gubernamentales y a partir de ello comenzar a emitir órdenes de detención orientadas a expulsarlas del país de manera legal.
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