La carga pública a punto de entrar en vigor: a quiénes podría afectar
Esta nueva norma permite a las autoridades migratorias evaluar si alguien en el hogar ha accedido a algún tipo de ayuda federal
Las familias de estatus migratorio mixto temen que recibir beneficios federales afecten sus procesos de migratorios. Crédito: Damian Dovarganes | AP
La nueva norma sobre la carga pública de la administración Trump entrará en vigor el 18 de septiembre, lo que ha generado temor en las comunidades inmigrantes y en las familias de estatus migratorio mixto, aumentando la ansiedad respecto al acceso a beneficios públicos federales.
“Esta norma no se aplica a todos los inmigrantes; no afecta a refugiados, asilados, titulares de visas T y U, residentes permanentes que solicitan la renovación de su tarjeta o la ciudadanía estadounidense, ni a muchas otras personas, incluidas aquellas que no tienen una vía migratoria inmediata ni planes de presentar ninguna solicitud de inmigración”, dijo Ariel Brown, abogada del Immigrant Legal Resource Center.
Pero enfatizó que aquellas personas que realmente necesitan ciertos programas de la red de seguridad y que se cuestionan si deberían seguir utilizándolos, deben consultar a un representante legal de confianza, un abogado o un representante acreditado para evaluar sus opciones.
Durante la videoconferencia “La norma de carga pública entra en vigor el 18 de septiembre: ¿a quiénes afecta, de qué manera y qué hacer?”, organizada por American Community Media (ACoM), defensores de inmigrantes y niños analizaron lo que está en juego para los residentes de California y el impacto de la nueva norma en las diversas comunidades del estado.
La abogada Brown recordó que durante la primera administración Trump, se añadieron numerosos detalles, factores ponderados y otras consideraciones para hacer que la prueba de carga pública fuera mucho más estricta y difícil de superar.
En esta ocasión, dijo que la prueba de la carga pública se está volviendo altamente subjetiva, discrecional y propensa a sesgos.
Esto dificulta enormemente asesorar a las personas y ofrecerles información clara sobre si se les denegará la tarjeta de residencia (green card) por motivos de carga pública, dado que los criterios son tan imprecisos”.
Agregó que esta norma genera y seguirá generando mucha confusión, y esto es algo deliberado, además de provocar un efecto disuasorio, tanto en lo que respecta al uso de programas esenciales de protección social a los que los inmigrantes tienen derecho y que necesitan, como en cuanto a las vías migratorias que pueden legítimamente emprender.
La historia de la carga pública
Adriana Cadena, directora ejecutiva de la Coalición Protecting Immigrant, dijo que esta disposición que ha estado presente desde la Ley de Inmigración de 1882, sirve como criterio para determinar si un solicitante de residencia permanente legal o tarjeta de residencia dependerá del gobierno en el futuro.
Sin embargo, dijo que desde su incorporación al proceso migratorio, ha funcionado como una herramienta discriminatoria destinada a excluir a inmigrantes de bajos ingresos y a personas de color: precisamente aquellas personas que dinamizan nuestras economías y enriquecen nuestras comunidades.
Así que Cadena señaló que durante más de un siglo, no existieron directrices claras sobre cómo aplicar la norma de carga pública.
Posteriormente, en 1996, como parte de la reforma integral del sistema de asistencia social, el Servicio de Inmigración y Naturalización, bajo la administración Clinton, estableció criterios formales que limitaban las evaluaciones de carga pública a únicamente dos tipos de beneficios como la asistencia en efectivo y la atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno.
Pero durante la primera administración Trump, en 2019, la norma de carga pública se amplió para penalizar el uso de otros programas de red de seguridad esenciales, tales como los cupones para alimentos (SNAP), la asistencia para vivienda de la Sección 8 y Medicaid.
“Esta ampliación afectó a programas de red de seguridad habituales y ampliamente utilizados tanto en California como en todo el país”.
Cadena precisó que más de una cuarta parte de los estadounidenses menores de 65 años y el 38% de los californianos dependen de Medicaid para su cobertura médica.
“A nivel nacional, el 92% de las personas menores de 65 años inscritas en Medicaid trabajan o enfrentan barreras que les impiden hacerlo, como discapacidades. En California, el 62% de los beneficiarios de Medicaid trabajan activamente”.
Debido a este impacto, y tras una oposición pública sin precedentes en 2019 y litigios rigurosos, los tribunales federales anularon la norma de carga pública de 2019 en 2021.
Posteriormente, en 2022, al asumir el cargo la administración Biden, se prohibió explícitamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) penalizar a un solicitante basándose en los beneficios utilizados por sus hijos o familiares; es decir, que el uso de beneficios por parte de hijos o familiares no se tomaría en cuenta en la evaluación de carga pública.
En segundo lugar, garantizaba que programas fundamentales como los de nutrición suplementaria, vivienda y atención médica (como CHIP) y programas como los cupones de alimentos SNAP no perjudicarían a los solicitantes.
Indicó que la segunda administración Trump ha vuelto a utilizar la norma de la carga pública como arma para desestabilizar a las familias inmigrantes y empujar a estas y a sus hijos nacidos en Estados Unidos hacia situaciones de privación.
El impacto en los niños
Sarah Dar, vicepresidenta de Políticas y Defensa de Derechos de The Children’s Partnership dijo que se estima que más de un millón de niños en California tienen un progenitor indocumentado, y más de uno de cada cuatro niños en familias inmigrantes son ciudadanos estadounidenses cuyos padres no lo son (un tipo de familia de estatus migratorio mixto)”.
“Para muchos padres y familias, esto representa una gran preocupación: tienen un hijo ciudadano estadounidense o elegible para servicios sujetos a pruebas de recursos, y temen que el uso de dichos beneficios afecte su propio caso migratorio”.
Enfatizó que es un factor de enorme importancia en California, mucho más que en cualquier otro estado del país, que se suma a los desafíos que estas familias ya enfrentan.
“Los niños de familias inmigrantes representan una proporción desproporcionada de la población infantil en situación de pobreza: el 17% de los niños en familias inmigrantes vive por debajo del umbral federal de pobreza, frente al 13% de los niños cuyos padres nacieron ambos en Estados Unidos”.
Por lo tanto, indicó que esto no hará más que agravar esas cargas si las personas ya no pueden contar con los servicios que les ayudan a salir adelante.
California, en el centro del debate
Daniel Torres, director de equidad y asesor jurídico especial de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, dijo que se está creando una definición sumamente amplia de lo que constituye un beneficio público bajo la nueva política; lo que incluye incluso aquellos financiados por agencias estatales y locales.
“Esto nos sitúa, como estado, directamente en el centro del debate sobre la carga pública y nos obliga a gestionar las consultas de nuestros programas y socios sobre las implicaciones para las redes de seguridad social que supervisamos, así como para los programas financiados exclusivamente por el estado”.
Expuso que el gobierno federal estima que ahorrará $13,000 millones anuales gracias al efecto disuasorio de la carga pública porque saben que los ciudadanos abandonarán programas a los que tienen derecho, lo que generará enormes costos, no solo en términos de dificultades para las familias, sino también para las comunidades en su conjunto.
“Es algo que seguiremos monitoreando a nivel de políticas y a medida que los funcionarios de inmigración encargados de las resoluciones apliquen la norma. Estaremos muy atentos a lo que suceda para ver qué podemos aprender de cómo toman las decisiones y cómo aplican la nueva política a las familias, lo que podría tomarse un par de años”.
Recursos para las familias
– Directorios de proveedores de servicios legales de inmigración (la mayoría gratuitos o de bajo costo):
https://keepyourbenefits.org/en/na/find-help
– Directorio de centros de salud comunitarios:
https://findahealthcenter.hrsa.gov
– Encuentre su banco de alimentos local:
