Piden destinar a víctimas en México $4.21 millones de sanción a fabricante alemán Heckler & Koch

Las ONG recordaron que la normativa alemana prohibía expresamente la venta de armamento a Guerrero debido a los persistentes abusos contra la población civil

ONG de México y Alemania piden que los $4.21 millones de dólares por armas ilegales reparen a víctimas de Ayotzinapa

Piden que la multa multimillonaria impuesta al fabricante de armas alemán Heckler & Koch se destine directamente a reparar el daño sufrido por las comunidades víctimas de la violencia en el estado de Guerrero, México. Crédito: Fernando Llano/ Archivo | AP

Organizaciones mexicanas y alemanas de derechos humanos pidieron al gobierno de Baden-Württemberg, en Alemania, destinar a mecanismos de reparación social para comunidades mexicanas afectadas, los aproximadamente $4.21 millones de dólares que el fabricante alemán de armas Heckler & Koch pagó como sanción por la exportación ilegal de fusiles G36 a México.

La petición fue presentada mediante una carta abierta dirigida a Cem Özdemir, ministro presidente de Baden-Württemberg, en la que las organizaciones plantean revisar las alternativas jurídicas y políticas para que, dentro de lo permitido por la ley, los recursos derivados del proceso penal tengan un impacto directo en las personas y comunidades mexicanas afectadas por la violencia relacionada con el uso de armas exportadas ilegalmente.

El reclamo está vinculado con el caso Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes fueron desaparecidos, seis personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas. Las organizaciones señalan que aquella noche fueron utilizados fusiles Heckler & Koch G36 que habían llegado a México pese a las restricciones alemanas para exportar armas al estado de Guerrero. Según la carta, la policía local tenía 99 fusiles de ese fabricante y al menos tres fueron disparados contra los estudiantes durante los hechos.

Entre las personas atacadas estuvo Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado vegetativo. Las organizaciones aclaran que no ha sido posible determinar si la bala que lo hirió provino de un arma H&K debido a deficiencias en la preservación y procesamiento de la escena.

Buscan que la sanción tenga impacto en las víctimas

La solicitud surge después de que Heckler & Koch pagara en mayo aproximadamente 3.7 millones de euros, equivalentes a unos $4.21 millones de dólares, al Estado alemán como sanción derivada de una sentencia emitida en 2019 por el Tribunal Regional de Stuttgart por la exportación ilegal de los rifles G36 a México.

Las organizaciones reconocen que la resolución judicial no estableció una indemnización directa para las víctimas mexicanas y que, por ello, el pago no genera automáticamente una obligación de entregar los recursos a las familias. Sin embargo, consideran que existen posibilidades para explorar mecanismos de reparación social.

Entre las alternativas propuestas están financiar atención psicosocial y sanitaria para comunidades afectadas, documentar e investigar violaciones de derechos humanos y promover garantías de no repetición y una mayor responsabilidad en el comercio internacional de armas. También pidieron establecer un diálogo entre autoridades alemanas y organizaciones civiles de ambos países para diseñar mecanismos transparentes y verificables.

Si una transferencia directa a las familias no fuera legalmente viable, plantean utilizar los recursos en proyectos que beneficien a las comunidades afectadas. Entre los firmantes figuran el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Coordinación Alemana de Derechos Humanos en México y organizaciones europeas dedicadas a los derechos humanos y al control del comercio de armas.

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